Distintas barreras y una comunicación inexistente, son lo que tienen que afrontar cada día las personas sordas en España. Según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España existen un millón de personas sordas, es decir, un 2 % de la población y el 28 % del total de personas con discapacidad.
Esta realidad debería ser escuchada si bien, si hablamos de accesibilidad en el ámbito sociosanitario es inexistente. Ciertamente las personas sordas debería ser atendidas en igualdad de condiciones y todo el resto de circunstancias sugiere que existe aún discriminación y sobre todo, falta de inclusión.
Las personas sordas mantienen altos niveles de estrés y de ansiedad ante situaciones que obedecen a la falta de comprensión por parte de la sociedad en general y en el caso particular, del personal sanitario. Intentar leer los labios, utilizar lápiz y papel y otros medios no solo general confusión sino que la ansiedad se dinamita por estas situaciones que no se llevan a cabo con normalidad.
Para ello, la Confederación Estatal de Personas Sordas, (CNSE) propone por ejemplo, pantallas luminosas que complementen la acústica, el servicio inmediato de interpretación, video-interpretación, y sobre todo, una mayor voluntad de la sociedad para comprender las necesidades del día a día en entornos hospitalarios.
Existen aún hoy, prejuicios en torno a esta discapacidad en concreto y ciertos estereotipos que restan oportunidades a las personas sordas. Cierto es que en España, existe una legislación estatal y autonómica avanzada en cuanto a la protección de las personas con discapacidad pero no se aplica como debe ser, apuntan desde la CNSE.
En esta sociedad se sufre discriminación tanto en la educación, en el empleo, en el acceso a los servicios sociosanitarios, en la justicia, en los medios de comunicación, en la cultura y también en el acceso a las ayudas técnicas que nos faciliten la vida.
Evidentemente, las personas sordas en esta tesitura no son iguales en derechos y sí en obligaciones y además, depende del lugar de residencia, existe o una agravamiento de la situación. La falta de accesibilidad y la falta de comunicación en el ámbito sociosanitario implica dificultades para las personas sordas y la información raramente es accesible.
La ley 27/2007, reconoce la lengua de signos en España y regula los medios de apoyo a la comunicación oral y es verdad que las personas sordas tienen el derecho a contar con la presencia de un intérprete de lengua de signos para comunicarse con el personal sanitario en igualdad de condiciones que el resto de los pacientes. Sin embargo, en muchas ocasiones, en muchas provincias, en muchos pueblos, estos no es así.
Es imprescindible la formación de las personas que trabajan en el ámbito sanitario de forma que puedan comunicarse normalmente con los pacietes. La promoción accesible de hábitos saludables y la incorporación de pantallas, luminosos, letreros grandes para las personas con sorderas que adviertan si son llamados en una sala de espera, por ejemplo, sería hacer que todo fuera accesible para ellos.
Campañas informativas, preventivas y sobre todo accesibles son las que harían que la lengua de signos no fuera excepcional y sí fuera inclusiva. Subtítulos, y otras ayudas efectivas harían más accesible la vida cotidiana en el entorno hospitalario y las personas sordas dejarían de ser un colectivo vulnerable llegado el caso, sobre todo, en casos de emergencias sanitarias.
