Según el Informe sobre Perspectivas de la Población Mundial de la Organización de Naciones Unidas, se estima que para el año 2050, el número de personas mayores de 60 años se duplicará, y se triplicará para el 2100, cuando se pasará de 962 millones de personas en 2017 a 2100 millos en el 2050, y 3100 millones en el año 2100; es decir, que el crecimiento de este grupo poblacional es incluso más acelerado que el de las personas más jóvenes.
Con estos datos, en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebrará el 15 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad de Naciones Unidas, Rosa Kornfeld-Matte, instan a los Estados y a otras partes interesadas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de las personas mayores, y en particular su derecho a vivir libres de todas las formas de violencia y discriminación basadas en la edad.
En el mismo sentido que el de Naciones Unidas, el Informe sobre Envejecimiento Poblacional del Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe establece que “el grupo personas de 60 años y más presenta tasas de crecimiento superiores a las del total de la población, del grupo de menores y del grupo de población activa”, y que “se prevé que esas tasas sigan siendo positivas hasta el período 2080-2085”.
Las personas mayores son percibidas actualmente como personas activas en el desarrollo, cambiándose el estereotipo de la vejez asociada a la pasividad o inactividad a un paradigma de la persona adulta mayor como un factor de mejoramiento de la sociedad que debe ser incluido en la agenda del gasto público, y en programas y políticas de todos los niveles, que deben ser ajustadas al aumento progresivo de la población mayor en los países de la región.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado la situación de las personas mayores en la región, identificando problemáticas importantes como la violencia en su contra tanto en hogares de cuidado públicos y privados, así como en el mismo núcleo familiar, a través de la violencia física, psicológica y sexual, malos tratos y el abandono.
Por otra parte, la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad de Naciones Unidas ha observado que el abuso en la vejez puede tomar muchas formas, incluyendo la discriminación en la esfera pública, discriminación lingüística, aislamiento, negligencia, abandono, explotación económica y la restricción en el acceso a la satisfacción de necesidades básicas.
La CIDH estableció en su Informe sobre Pobreza y Derechos Humanos que las personas mayores sujetas a situaciones de pobreza son mucho más susceptibles a diferentes formas de abuso y malos tratos, debido a su falta de independencia económica y de acceso a servicios esenciales como la salud y cuidado, vivienda y protección social. En ese sentido, la CIDH y la Experta Independiente de Naciones Unidas instan a los Estados a adoptar medidas para dar prioridad a las personas mayores y brindarles una adecuada protección social.
Asimismo, la Comisión ha observado particularmente la situación de las personas mayores LGBTI, que enfrentan distintas formas de violencia, invisibilización y discriminación por su pertenencia a ese grupo etario y su orientación sexual. La Experta Independiente enfatiza la necesidad de particular atención a las personas mayores que enfrentan múltiples formas de discriminación, especialmente a las mujeres mayores, personas discapacidades, afrodescendientes, pertenecientes a pueblos indígenas, pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, campesinos, personas en situación de calle, migrantes y refugiados, entre otros grupos.
Ante esta situación política y social, tanto la Comisión como la Experta Independiente de Naciones Unidas condenan la discriminación, el abuso, la violencia y el maltrato contra las personas mayores, y llaman conjunto a los Estados a adoptar medidas para identificar y atender dichas situaciones en todos los ámbitos, y a adoptar políticas públicas tendientes a eliminar la discriminación estructural y que garanticen su atención prioritaria.
Asimismo, la Comisión llama a los Estados miembros de la OEA ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y a adoptar medidas para garantizar el disfrute de otros derechos fundamentales para una vida digna como el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, la participación en la comunidad, la eliminación de los enfoques asistencialistas en la implementación de las políticas públicas de la tercera edad y la transición hacia un enfoque de inclusión y priorización de las personas mayores en la sociedad, asegurando su independencia y autonomía sobre la base de la igualdad y la no-discriminación.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. La Unidad Temática sobre los Derechos de las Personas Mayores fue creada por la CIDH en 2017.
Kornfeld-Matte (Chile) fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos como la primera experta independiente en el disfrute de todos los derechos humanos de las personas mayores en mayo de 2014.La señora Kornfeld-Matte sirvió como Directora Nacional del Adulto Mayor de Chile donde diseñó e implementó la Directiva Nacional de Envejecimiento. Tiene una larga carrera como académica y es la fundadora del programa para mayores personas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Más información.
