En el tercer aniversario de la masacre cometida en la redacción del semanario francés Charlie Hebdo, Reporteros Sin Fronteras (RSF) lamenta que en el mundo decenas de periodistas acusados de “blasfemia” o “apostasía” enfrenten el riesgo de ser condenados a la pena capital o que sean blanco de extremistas que incitan a asesinarlos.
Escribir o hablar de temas relacionados con la religión sigue siendo un asunto muy delicado. Tanto que, en ciertos casos, al hacerlo puede ponerse en riesgo la propia vida. A tres años del asesinato de doce personas en las oficinas del semanario Charlie Hebdo, en París, aquellos que censuran en nombre de Dios no han bajado las armas. Por el contrario, siguen siendo una de las amenazas más graves para la libertad de informar en muchas partes del mundo.
De un continente a otro, las incitaciones a asesinar a periodistas acusados de blasfemia son difundidas ampliamente en las redes sociales. En Francia, internautas anónimos proponen perpetrar otros atentados contra la redacción de Charlie Hebdo. En Bangladesh se hizo una llamada público para que se ejecute por medio de la horca a Shyamal Dutta, jefe de redacción del diario Bhorer Kagaj, y a su equipo. El 23 de diciembre pasado el diario publicó un artículo sobre un libro dedicado a los hadices, editado por un órgano gubernamental; esto puso en el ojo del huracán al autor del texto y a sus colegas, ya que haciendo una malinterpretación se dijo que el articulista había llamado «vulgares» las palabras del profeta.
En Paquistán los extremistas religiosos, tolerados por las autoridades, amenazan a periodistas y blogueros con toda impunidad, incluso los asesinan con machetes* o hacen que desaparezcan. El 7 de enero de 2018 se cumple un año de que el bloguero paquistaní Samar Abbas desapareció; estaba amenazado debido a sus escritos. Samar era fundador de la Alianza Progresiva Civil de Paquistán; en los textos que publicaba en Internet defendía la libertad de culto. Fue secuestrado a inicios de 2017, junto con otros cuatro blogueros. Tras su desaparición, se emprendió en Internet una campaña difamatoria contra ellos, acusándolos de blasfemia, que en Paquistán puede ser castigada con la pena de muerte. A finales de enero de 2017, cuatro de los cinco blogueros fueron liberados, pero ninguno se ha atrevido a denunciar a sus secuestradores. Las amenazas recibidas por la familia de uno de ellos son explícitas: “usted que ha proferido blasfemias, merece la muerte. Ya no pertenece al Islam y, por ello, debe prepararse para sufrir un castigo doloroso, del que se acordarán las futuras generaciones».
En Argelia, el jefe de redacción del medio de comunicación de investigación Algériepart, Abd
“En muchas partes del mundo, informar se considera un comportamiento herético«, señala Christophe Deloire, secretario general de RSF. «Los fanáticos no sólo reprimen y amenazan a caricaturistas –quienes padecen una violencia extrema–, también atacan a los periodistas que investigan temas relacionados con la religión, la sociedad y la vida pública. Las prohibiciones impuestas por estos extremistas sobrepasan por mucho el campo de lo religioso. En ningún caso la noción de blasfemia puede justificar una excepción a la libertad de informar. Esto va contra la legislación internacional, por lo que pedimos la abolición, en las legislaciones de los países, de toda limitación a la libertad de información en nombre de la religión”, agregó.
Charlie Hebdo sigue estando en primera línea en la lucha desigual entre censores fanáticos y periodistas o caricaturistas satíricos. Hace sólo dos meses su portada sobre el islamólogo Tariq Ramadan –quien ha dicho ser «el sexto pilar del islam» y ha sido acusado de cometer agresiones sexuales– desencadenó una virulenta campaña de insultos y amenazas de muerte en las redes sociales. Las amenazas persistentes que enfrenta la redacción de Charlie han tenido un alto precio. En su último número, el semanario explica que para financiar la seguridad de las oficinas y de los periodistas que trabajan en la publicación debe destinar recursos que superan las ventas de más de la mitad de sus ejemplares. Riss, el director de la redacción, señaló en una editorial que la libertad de expresión “se está convirtiendo en un producto de lujo».
“A tres años de la tragedia, la solidaridad con Charlie sigue siendo una exigencia moral«, agregó el responsable de RSF. «Debemos defender tanto la vida de sus empleados como la supervivencia económica del semanario, pues Charlie es un símbolo que no podemos abandonar, ya que eso sería una derrota frente a la intolerancia religiosa«, precisó Christophe Deloire.
Setenta países reprimen la blasfemia
No sólo los extremistas religiosos anónimos incitan a que los acusados de blasfemia o apostasía sean asesinados o condenados a sentencias severas. A inicios de 2017, un total de 71 países aún poseían leyes que reprimen la blasfemia. Según un informe de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF por sus siglas en inglés), agencia federal estadounidense que lleva a cabo un registro en este ámbito, sólo un país –Dinamarca, en junio pasado– ha suprimido esta disposición de su legislación. Otros Estados, por el contrario, contemplan fortalecer su aparato legislativo para imponer mayores sanciones a quienes blasfemen.
Es el caso de Mauritania. “Cualquier musulmán, hombre o mujer, que se burle o ultraje a Alá o a su Mensajero (Mahoma), la Paz y Salvación por él, sus ángeles, libros o uno de sus Profetas, puede enfrentar la pena de muerte […] aunque se arrepienta», estipula un texto adoptado el 16 de noviembre pasado por el gobierno de ese país. El arrepentimiento, que había permitido cuatro días antes que se conmutara la condena a la pena capital del bloguero Mohamed ould Mkheitir –debido a un post considerado blasfematorio– por una pena de prisión de dos años, ya no es posible. Ahora es incierta la suerte de este bloguero, que podría haber sido puesto en libertad desde el 9 de noviembre. Las autoridades lo mantienen detenido en un lugar secreto. Oficialmente es por su seguridad, pero sus allegados temen que lo mantengan tras las rejas mientras se examina su caso; entre tanto el parlamento podría decidir que la nueva ley sea retroactiva.
Dos periodistas reconocidos con el premio RSF, condenados por blasfemia
Al igual que Mauritania, Irán contempla sancionar con la pena de muerte los delitos de blasfemia y apostasía. El fotógrafo Soheil Arabi, quien recibió el Premio Reporteros sin Fronteras (RSF)-TV5 Monde por la Libertad de Prensa en 2017, acusado de haber participado en una red de información de Facebook que blasfemaba contra el Islam y criticaba al régimen, fue condenado sucesivamente a tres años de cárcel, a recibir 30 latigazos y, meses después, a la pena capital, condena que finalmente fue revocada. En 2015 fue condenado a siete años y medio de prisión incondicional. Detenido desde hace cuatro años, Soheil Arabi es víctima de malos tratos y recientemente hizo una huelga de hambre durante 52 días. Actualmente el periodista ciudadano iraní se encuentra muy debilitado física y psicológicamente.
Raif Badawi, quien recibió el premio de RSF en 2014, desfallece en prisión desde hace cinco años por “insulto al Islam». Acusado de haber criticado y puesto en ridículo a la policía religiosa en su foro de discusión «Red Liberal Saudí», el bloguero fue condenado por “insulto al Islam» a 10 años de prisión, a recibir 1000 latigazos y a pagar una multa de un millón de riales saudíes; asimismo, al concluir su condena, se le prohibirá salir del país durante diez años.
En ambos casos la pena es desproporcionada respecto a los actos de los que se les acusa.
La blasfemia, un instrumento de censura
La mayoría de las veces, lejos de servir para proteger lo sagrado, estas leyes son un medio para asfixiar las voces disidentes, reprimir a los periodistas e impedir la expresión de cualquier crítica al sistema establecido o a quienes detentan el poder. Las nociones vagas se emplean a menudo como herramientas para condenar las formas de expresión disidentes o minoritarias, como lo muestra el caso de la periodista sudanesa Shamael al-Nur. En febrero de 2017 la periodista denunció en una editorial publicada en el diario independiente Al-Tayyar, que los regímenes islámicos están obsesionados “más por las cuestiones de la virtud, la ropa de las mujeres y las apariencias, que por las cuestiones de salud y educación”. Debido a ello Shamael al-Nur fue víctima de violentas amenazas y podría ser juzgada por apostasía, que puede ser castigada con la pena de muerte en Sudán, país donde la ley islámica, en vigor desde 1983, llama a sus fieles a condenar este delito para “proteger la religión”.
En 2013 RSF publicó el informe “Blasfemia: la información, sacrificada en el altar de la religión”, en el que abordaba la situación en lo relativo a esta «ofensa» y sus consecuencias para los periodistas en el mundo. Este estudio describe el peligro que constituye esta noción cuando se utiliza para restringir la libertad de expresión.
