Santos Ruesga*
En los meses de abril y mayo, por encargo del Gobierno español, hemos estado empeñados, un grupo de doce profesionales de diferentes ámbitos, universidad y empresas, en darle forma al denominado Factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, cuya referencia se remonta a la Ley 27/2011, por la que se llevo a cabo una reforma de calado en los parámetros básicos que definen la cuantía de la pensión en el sistema público español.
Como es sabido por los medios de comunicación me opuse al resultado final de dicho Comité, por razones que sintetizo a continuación.
Entendía cuando me convocaron a participar en dicho Comité que el objetivo era definir y modular un factor de sostenibilidad para las pensiones relacionado con el ascenso de la esperanza de vida en el país, que según todas las predicciones seguirá produciéndose en las próximas décadas. La filosofía subyacente de la citada ley donde se contempla tal factor no es muy lejana a la aplicada en otros países europeos donde ya cuentan con un factor de tal denominación. Se trataba, a mi entender, de dar forma a dicho factor y analizar las consecuencias en diferentes aspectos del sistema público de pensiones, tras su aplicación en los diferentes parámetros que definen las mismas o en un mix de ellos. Para mi sorpresa, desde el inicio del funcionamiento de dicho Comité parecía haber un acuerdo tácito y mayoritario de que debíamos abordar otros aspectos relacionados con la sostenibilidad, en concreto aspectos económicos de la misma, y generar adicionalmente otro factor de sostenibilidad que revertiera también sobre el valor medio de las pensiones, como en el caso anterior. Tal acuerdo tácito venía refrendado por un documento entregado por el Gobierno a dicho Comité, hecho publico a través de su entrega a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, en el que además de proyecciones sobre la aplicación del factor de sostenibilidad recogido en la Ley 27/2011 se incluían ejercicios prospectivos sobre la posible aplicación de otro factor para la revalorización anual de las pensiones, sustentando en el aplicado en Alemania.
Todo esto me indicaba que el interés del Gobierno español era tratar de dar cobertura “científica”, a través de un Comité de Expertos, a una reforma del sistema público de pensiones enfocada, no sólo, ni en primer lugar, a las sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas, sino a contribuir a alcanzar los objetivos de déficit público a corto plazo convenidos con la Comisión Europea y el resto de la Troika. En suma, al servicio de una política de austeridad contra la que me he manifestado en repetidas ocasiones, incluso en las propias reuniones del Comité. Política, que dicho sea de paso esta hundiendo desde hace algunos años a la economía española en una largo y negro túnel de recesión reiterada.
El recorte de pensiones al servicio de los ajustes en el gasto público.
No hay razones económicas para pensar que los desequilibrios coyunturales de las cuentas de la Seguridad Social española requieran nuevas reformas; el Fondo de Reserva, diseñado con tal finalidad, puede hacer frente a tales desequilibrios incluso en un horizonte largo, como puede ser el año 2018, cuando las propias perspectivas del gobierno hablan de una vuelta al superávit en las finanzas de la Seguridad Social.
Pero más allá de este servilismo a la coyuntura, o mejor a la política coyuntural del gobierno actual, me preocupaba, entre otras cuestiones relacionadas en el factor de sostenibilidad diseñado por la mayoría del Comité, el enfoque estratégico que ello significaba para el futuro de las pensiones públicas. La reforma contenida en la Ley 27/2011, que acaba de entrar en vigor a principios de 2013, ya significará un recorte importante en el valor de las pensiones medias, estimado oficialmente en un ahorro del gasto de unos 3 puntos porcentuales de PIB en el horizonte del 2060. A lo que habría que añadir, según tales estimaciones otro medio punto porcentual, al menos de ahorro adicional, por la aplicación del factor de sostenibilidad relacionado con la esperanza de vida contenido también en la citada Ley. Con tales ajustes nos situaríamos en el referido horizonte en un nivel relativo de gasto en pensiones, en torno a la media de la Unión Europea de los 27 y por debajo de la media correspondiente a los países del área Euro.
Tocaba, a mi modo de ver, que los próximos ajustes para alcanzar la estabilidad presupuestaria, alterada por la dinámica demográfica y la evolución económica previsible, acudieran por el lado de los ingresos, inyectando recursos al sistema desde el erario público –lo que significa transferencias adicionales desde los activos a los pasivos- para acabar de alcanzar el deseado equilibrio en las finanzas de la Seguridad Social en ese entorno de dentro de unas cuatro décadas. Ello significa no seguir cargando el ajuste presupuestario de nuevo sobre las pensiones medias, con el objetivo de mantener unos niveles adecuados de suficiencia.
Ya se que el informe final del Comité de Expertos no niega este camino, pero es obvio que promueve el otro. Seguir insistiendo en la reducción del valor relativo de las pensiones allana el camino para la promoción de fondos privados de pensiones, como mecanismo complementario de suficiencia. Mecanismo que hasta la fecha ha operado con escaso éxito en nuestro país, y a tenor de lo analizado por la OCDE, con escasa eficiencia en sus resultados. Pero esto es harina para debatir en otra ocasión. El caso es que este camino de complementar pensiones públicas con pensiones privadas no está al alcance de todos los ciudadanos españoles, más bien de pocos y la vía abierta de repercutir de nuevo los ajustes sobre el valor medio de las pensiones no llevará sino a incrementar las bolsas de pobreza y de desigualdad en la distribución de la renta en el ámbito de la población jubilada, ya de por sí suficientemente expuesta a situaciones de vulnerabilidad económica.
*Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y socio fundador de Economistas Frente a la Crisis, formó parte del comité de expertos, siendo el único que ha votado en contra del informe encargado por Empleo para aplicar el factor de sostenibilidad a las pensiones
