Venezuela es de los países latinoamericanos más retrasados en la adopción de las energías limpias. Menos de uno por ciento de su consumo eléctrico proviene de una fuente de energía solar o eólica, a pesar de que hace una década se fijó los objetivos de adaptarse al cambio climático y utilizar más fuentes de energía renovables, informa Margaret López[1] desde Caracas.
Para entender cómo Venezuela llegó a ocupar el puesto 111 de 115 países analizados en el Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial (2021), hay que adentrarse más allá de sus limitaciones presupuestarias, tras ocho años de caída económica y otros cuatro años más de hiperinflación.
Los expertos climáticos coinciden que en el caso venezolano hace falta hurgar en la falta de políticas públicas y la débil estructura institucional para atender al cambio climático para explicar una década perdida en cuanto a la transición energética.
Sin estrategia nacional
La muerte del líder político Hugo Chávez fue uno de los hitos venezolanos en 2013, después que había gobernado el país desde 1999 y hasta diciembre de 2012, tras ganar nuevamente las elecciones de ese mes.
Justo en el mismo 2013, se planteó la necesidad de que se definiera la estrategia nacional para atender al cambio climático y se coordinaran acciones para enfrentar el aumento de la temperatura y las lluvias extremas previstas para los siguientes veinte años.
«Diseñar un plan nacional de adaptación que permita al país prepararse para los escenarios e impactos climáticos que se producirán, debido a la irresponsabilidad de los países industrializados, contaminadores del mundo», reza el objetivo 5.4.3 del llamado «Plan de la Patria 2013-2019», que es el documento con los lineamientos para el desarrollo económico y social del país sudamericano con sus costas en el Caribe.
Este «Plan de la Patria» también contempla «fomentar el uso eficiente de la energía eléctrica, a través de una cultura de consumo eficiente y la utilización de fuentes alternas y renovables», tal como aparece en el objetivo 3.1.13.7.
Otros objetivos conexos hablan, además, de un plan de mitigación de los sectores productivos y calcular los costos de las pérdidas y daños debido a los eventos climáticos extremos.
Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, también era el presidente del país sudamericano cuando se publicaron estas metas nacionales, pero tras diez años de gobierno todavía no se consiguió redactar el plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático, ni tampoco avanzar en la generación de electricidad desde fuentes renovables.
«Un plan de adaptación y mitigación del cambio climático es fundamental para el país. Pero cuando se aborda el problema como si fuera un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda (política), de socialistas contra capitalistas, entonces se pierde el carácter técnico. Se pierde el norte para abordarlo», argumentó el biólogo Alejandro Luy González, máster en Gerencia Ambiental y gerente general de la Fundación Tierra Viva, en entrevista con Climate Tracker.
Para el biólogo Alejando Álvarez Iragorry, coordinador general de Clima 21, una parte del problema es que las autoridades venezolanas no abordan el cambio climático con una visión estratégica.
«La postura nacional de cambio climático parece haberse considerado solo como un elemento político. Se utiliza como un medio de confrontación, no como un medio de desarrollo para el país», resaltó Álvarez.
Esta falta de visión de desarrollo puede evidenciarse, por ejemplo, en la minúscula incorporación de fuentes de energías limpias al sistema eléctrico venezolano en los años más recientes.
La generación de la electricidad venezolana se dividía en solo dos grandes sectores para el año 1999: fuentes hidroeléctricas (75,14 por ciento) y plantas termoeléctricas (24,86 por ciento), como aparece en la «Primera Comunicación Nacional en Cambio Climático de Venezuela».
La mayoría de la generación eléctrica (66 por ciento) también provenía de las centrales hidroeléctricas del país caribeño para el año 2010, de acuerdo con los datos de la «Segunda Comunicación Nacional en Cambio Climático» entregada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
La otra gran fuente eran las plantas termoeléctricas (34 por ciento) que utilizan gas, gasoil y fueloil para producir la energía, mientras que tan solo uno por ciento de la electricidad emanó de las llamadas fuentes renovables no convencionales como el sol o el viento.
Los datos más recientes fueron publicados por el Ministerio de Energía Eléctrica a finales del año 2014 y allí, el aporte de las energías limpias era aún menor. Este reporte, de hecho, mostró un ligero retroceso en la transición energética.
Las fuentes termoeléctricas pasaron a la cabeza con 50,80 por ciento de la capacidad eléctrica instalada y las hidroeléctricas cayeron a 48,84 por ciento, de un total de 30-467 megavatios (MW). Mientras que la combinación de las energías solar y eólica apenas representaban 0,36 por ciento (111,02 MW) en el país.
Hoy no se disponen de datos oficiales y actualizados sobre la matriz energética venezolana, pero se sabe que las grandes iniciativas de la administración de Maduro para sumar energías limpias están inoperativas, aunque se desconocen las causas exactas de sus fallas o el estado general de mantenimiento.
El Parque Eólico de Paraguaná, por ejemplo, fue uno de los proyectos claves en la estrategia de transición energética.
Ese proyecto abarcaba 54 aerogeneradores que generarían 100 MW, pero solo se llegaron a instalar treinta aerogeneradores en el año 2013. Eso sin contar que no se le hicieron líneas de distribución para que pudiera conectarse al sistema eléctrico principal venezolano y satisfacer la demanda directa de las comunidades aledañas.
Mientras, la instalación de los sistemas de energía solar se enfoca, sobre todo, en «comunidades indígenas, zonas fronterizas y aisladas». Esta política implica que «las inversiones para aprovechar estas fuentes renovables seguirán siendo muy modestas», como advirtió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) en su «Primer Reporte Académico de Cambio Climático de Venezuela», de 2018.
Entre las acciones venezolanas más recientes está el lanzamiento de un nuevo plan para impulsar la energía solar. A comienzos de este 2023, el Ministerio de Energía Eléctrica anunció que se comenzaría con la construcción de un parque solar en los estados Zulia, Falcón y Lara, para producir unos 500 MW en la primera fase, pero no se mencionaron los montos de inversión del proyecto, ni tampoco la vía del financiamiento.
Nueva estructura climática
Contar con una estrategia para guiar la transición energética también requiere de una red de instituciones gubernamentales enfocadas en el cambio climático. Esta es una petición en la que insistieron organizaciones ambientales como Clima 21, Vitalis, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela e incluso las universidades.
La respuesta de la administración de Maduro para establecer esta institucionalidad climática es una medida reciente, a pesar de que se trataba de una antigua meta nacional.
Primero, se introdujo una Dirección General de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático en el Ministerio del Ecosocialismo en enero de 2019. Luego, se creó la Comisión Presidencial para el Cambio Climático en 2021 y, finalmente, se sumó un Observatorio contra la Crisis Climática en 2022.
Cuando se inauguró el «Congreso Nacional de Investigadores sobre el Cambio Climático», en mayo del año pasado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresó que el gobierno venezolano buscaba construir un plan nacional para atender la crisis climática. «Es un tema que nos ha pedido el Presidente (Maduro) llevar muy a fondo», dijo la segunda al mando en el país caribeño.
En el mismo evento, el propio presidente Maduro inyectó 2,19 millones de dólares para la creación de un fondo nacional con el fin de «fortalecer las políticas públicas en materia de crisis climática» y financiar investigaciones en el área.
De los presupuestos que poseen la Comisión Presidencial para el Cambio Climático o el Observatorio contra la Crisis Climática, en cambio, se desconoce por completo sus respectivas partidas presupuestarias, porque el Presupuesto General de Venezuela 2023 no fue publicado en la Gaceta Oficial.
El ministro del Ecosocialismo, Josué Lorca, repitió en un par de entrevistas en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que su trabajo principal es cumplir el quinto objetivo del Plan de la Patria, que incluye al plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático.
Sin embargo, en los dos años completos de gestión de Lorca todavía no se presenta el documento y tampoco se convoca a las universidades o a las organizaciones no gubernamentales ambientales para que ayuden con la estrategia nacional frente al cambio climático y los planes para la transición energética que llevan una década de retraso.
«La responsabilidad por crear un plan nacional de cambio climático es del Estado, del Ejecutivo Nacional y la propia Asamblea Nacional, para hacer leyes que avalen ese proceso. Pero se ha insistido en que son decisiones que requieren procesos participativos con todos los sectores que conforman al país, desde los industriales hasta los indígenas», resaltó el ecologista Álvarez.
La convocatoria de participación a organizaciones ambientalistas, universidades y el sector de las empresas privadas en el diseño de una estrategia nacional para el cambio climático y la transición energética quizás pudiera ayudar a destrabar el camino en este país sudamericano y caribeño.
- Este artículo se elaboró con apoyo de Climate Tracker América Latina.
- Artículo difundido por la IPS
