México ha respondido a los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuáles de sus 176 recomendaciones, formuladas en el pasado Examen Periódico Universal (EPU) adoptará. En 2009, en su última comparecencia ante este órgano de derechos humanos, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones.
Sin embargo, posteriormente no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha.
De hecho, en noviembre del año pasado, Human Rights Watch (HRW) envió una carta a Enrique Peña Nieto en la que le recordaba que, a un año de subir al poder, los derechos humanos seguían estando a la cola de sus prioridades, “a pesar de sus reiteradas manifestaciones en cuanto a que el tema es prioritario para su gobierno”.
Al presidente le faltó tiempo para responder y, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que “el Gobierno de la República avanza en el cumplimiento del compromiso de hacer de México una sociedad de protección y defensa de los derechos humanos”.
Y cumpliendo con el plazo establecido, esta semana ha remitido un amplio escrito “como reflejo de su compromiso con el sistema internacional de derechos humanos y con la convicción de que el Examen Periódico Universal constituye una herramienta valiosa para promover la cooperación en esta materia”.
Arraigo
A pesar de la aceptación de un buen número de recomendaciones, para Amnistía Internacional (AI) “hay indicios preocupantes de que esto sólo represente que todo sigue igual y su cumplimiento sea sólo retórico”, No se han aceptado las recomendaciones para abolir la práctica del arraigo (detención preventiva sin cargos), una importante cuestión de derechos humanos.
Con arreglo a esta extendida modalidad de detención preventiva, se puede mantener detenida a una persona un máximo de 80 días sin que comparezca ante un juez. “Las órdenes de arraigo abren la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos, como la tortura y las confesiones forzadas, que dan pie a juicios injustos. La negativa a abolir esta práctica es una señal muy negativa del compromiso real del gobierno de defender los derechos humanos de todas las personas”, dijo Salil Shetty.
La respuesta del Gobierno en este capítulo dice:
Existe la convicción de limitar su aplicación a casos verdaderamente excepcionales, como una medida cautelar para proteger el interés superior de la vida, salvaguardar la integridad de las personas, de los bienes jurídicos o evitar que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia. En febrero de 2014, la SCJN determinó que: a) su aplicación sólo procede en delitos de delincuencia organizada, b) únicamente compete al Congreso de la Unión legislarlo, c) sólo puede solicitarlo el Ministerio Público Federal, y d) la autorización sólo la decreta un juez federal. El Gobierno de la República impulsa una reforma constitucional al arraigo aprobada en la Cámara de Diputados, que reafirma que su uso sólo procede en casos de delincuencia organizada y establece límites y controles más estrictos al reducir significativamente su duración e imponer medidas de escrutinio a cargo de los organismos de protección de los derechos humanos. La PGR trabaja en mejorar los mecanismos de información sobre los casos sujetos a esta medida cautelar y cuenta con una Subprocuraduría especializada en Derechos Humanos, encargada de atender cualquier violación a estos derechos, lo que incluye violaciones por la aplicación de esta medida.
Código Militar
Otra cuestión importante es la reforma del Código de Justicia Militar. México ha aceptado las recomendaciones encaminadas a garantizar que se investigan, persiguen y juzgan en el sistema de justicia civil todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
Precisamente esta semana, el Senado está debatiendo una reforma que potencialmente excluiría de la justicia militar las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles. Sin embargo, dicha medida no se aplicaría a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra otro personal militar. Aunque la propuesta va en la dirección correcta, sigue sin cumplir totalmente las normas internacionales de derechos humanos, pese a las afirmaciones del Gobierno en sentido contrario.
El Ejecutivo afirma que las medidas legislativas y administrativas en curso equivalen al cumplimiento de muchas de las recomendaciones de la ONU, pero, para AI, no son suficientes para solucionar los críticos problemas que tiene el país en el campo de los derechos humanos.
Algunas recomendaciones aceptadas
Desaparecidos:
Se acepta la recomendación 148.5 parcialmente. En lo que corresponde a la creación de un registro oficial de personas desaparecidas, con el consenso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República (PGR) administra una Base de Datos de Personas no Localizadas. México se encuentra revisando su marco jurídico interno para armonizarlo con sus obligaciones internacionales, por lo cual, en octubre de 2013, el Ejecutivo envió al Senado una iniciativa para reformar el artículo 215 A, B y C, y adicionar un apartado 215 E al Código Penal Federal, para asegurar que la tipificación y sanción del delito de desaparición forzada sea acorde con lo establecido en la Convención.
Seguridad ciudadana
Se acepta la recomendación 148.90. México expresa que las autoridades militares participan en su labor con base en el marco jurídico nacional y su actuación está sujeta a la revisión de los tribunales federales, en caso de posibles violaciones a los derechos humanos. El personal militar brinda apoyo a las autoridades de seguridad pública sin sustituirlas en sus funciones y con estricto apego a derecho y pleno respeto a los derechos humanos. En distintas dependencias del Ejecutivo se cuenta con unidades de vinculación y atención ciudadana que se han fortalecido. El Plan Nacional de Desarrollo estipula la importancia de la vinculación, rendición de cuentas y transparencia frente a la ciudadanía.
Jurisdicción militar
México acepta la recomendación 148.109. En 2012, la SCJN determinó la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar y actualmente se estudian en el Congreso diversas iniciativas para reformar dicho artículo, con objeto de que las autoridades civiles conozcan de los delitos y violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidos por personal de las fuerzas armadas en perjuicio de civiles. El pasado 4 de febrero, el Senado aprobó el retiro de la reserva que mantenía el Estado mexicano a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación con el fuero militar. A partir de 2012, la Procuraduría General de Justicia Militar y los juzgados militares ya no conocen de casos en donde existan violaciones a los derechos humanos en contra de civiles.
Derechos de las mujeres
Se acepta la recomendación 148.138. En octubre de 2013, el Presidente envió al Congreso una iniciativa de reforma mediante la cual los partidos políticos estarán obligados a asegurar que el 50% de las candidaturas al Congreso de la Unión sean ocupadas por mujeres.
Combatir a la pobreza
Se aceptan las recomendaciones 148.140, 148.141 y 148.149. El gasto del Gobierno Federal programado para el desarrollo social en 2014 incrementó un 14.7% respecto a lo programado en 2013, lo que a su vez se incrementó en un 13% con respecto a 2012. Se aceptan las recomendaciones 148.142, 148.143, 148.147 y 148.148. Para México la erradicación de la pobreza extrema es prioritaria y ha puesto en marcha una política social enfocada en alcanzar una sociedad de derechos. Ha implementado la Cruzada Nacional contra el Hambre, que aborda la problemática de las personas en condiciones de pobreza extrema y con carencia alimentaria.
Desconfianza
Los ciudadanos, al igual que Amnistía, no se creen casi nada de lo que se dice en ese escrito, porque el arraigo se aplica de forma indiscriminada con el pretexto de actuar contra grupos criminales; los desaparecidos siguen sin aparecer, porque no se buscan, salvo que los familiares hagan la labor de los funcionarios; la seguridad de los ciudadanos brilla por su ausencia (cada vez aumenta más el robo y el secuestro); los militares siguen “desapareciendo” a quien le place… y las mujeres tardarán más de 10 años en conseguir una incorporación medianamente equitativa en las listas electorales. Actualmente, en el Congreso y el Senado la presencia de las mujeres es absolutamente testimonial. Algo así como una nota de color en un cuadro en blanco y negro.
En cuanto a su compromiso para “erradicar” la pobreza, habría que preguntar a la Secretaría de Desarrollo Social en cuánto tiempo está previsto, pues la Cruzada Nacional tan solo ampara a los afines al partido, y en el país existe demasiada gente que no tienen ni un mendrugo de pan que llevarse a la boca (pobreza extrema). Concretamente, según datos oficiales del pasado año de Coneval (Consejo Nal. de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), en 2012 había 53,3 millones de pobres (45.5% del total), frente a los 52,8 (46.1%) de 2010. Entre 2010-2012, la población en pobreza extrema era ya de 11,5 millones (9.8%). La medición de 2012 se basa en un total de 117,3 millones de personas, y la de 2010, en 114,5.
Abundando en la “seguridad” de que disfrutan los mexicanos, hay que decir que, de acuerdo con un reporte del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), el secuestro y la extorsión, además de otros cuatro delitos de alto impacto social, han registrado un aumento considerable en los últimos meses.
De diciembre de 2013 a enero de 2014 se incrementaron en todo el país las denuncias de secuestro (5,60%), las de extorsión (10,36%), las de robo con violencia (0,94%), las de robo de vehículos (1,81%), las de robo a viviendas (3,60%) y, por último, las de robo a negocios (1,22%).
Respecto a que “a partir de 2012, la Procuraduría General de Justicia Militar y los juzgados militares ya no conocen de casos en donde existan violaciones a los derechos humanos en contra de civiles”, habría que hablar largo y tendido de la relación de personas que afirman haber sido secuestradas y torturadas por miembros del ejército. En este sentido, es más que probable que las organizaciones de derechos humanos alcen la voz en pocos días.
