Alegato por la unidad de la izquierda

A la espera de que se presenten las propuestas definitivas de los candidatos del PSOE a Primarias, aumenta la impaciencia por conocer las diferencias programáticas entre ellos y la composición de sus equipos, escribe Antón Saracíbar^[1] en Sistema Digital.

En todo caso, todo indica que estas diferencias se van a establecer en torno a cinco asuntos fundamentales, sin que ello reste importancia a los  debates sobre las políticas relacionadas con la Unión Europea, el empleo, la protección social, los servicios públicos, la dimensión del sector público, el cambio de modelo productivo, la política fiscal, la laicidad y la memoria histórica.

El primer asunto se refiere a la derogación de la reforma laboral y, en concreto, a resolver los problemas relacionados con la negociación colectiva de ámbito superior a la empresa, la ultractividad de los convenios, la precariedad, el despido fácil y barato, los bajos salarios y el deterioro de la relación de fuerzas de los sindicatos.

Es inconcebible que todavía existan dudas sobre la derogación de la reforma laboral (algunos vuelven a hablar incluso de “reformar la reforma”), después de los destrozos causados por la misma, cuando además, los sindicatos simplemente reivindican algo elemental: recuperar los derechos perdidos en la crisis y, en estos precisos momentos, que la CEOE-Cepyme se siente a negociar un Acuerdo de referencia para negociar los convenios colectivos del presente año, además de frenar la actitud prepotente y provocativa de los empresarios que se permiten, incluso, reclamar una ley regresiva de huelga, la reducción de sus cotizaciones a la Seguridad Social y la limitación de las horas sindicales legales para el desarrollo de la acción sindical en la empresa.

En segundo lugar, también resulta insólito que se critique la propuesta de reivindicar una banca pública en base a la actual Bankia, BMN y el ICO, sobre todo después de lo ocurrido en el sector financiero en los últimos años. Cuesta mucho trabajo pensar que la pretendida venta de estos bancos se pueda convertir en un nuevo escándalo (pelotazo) y que el mantenimiento de Bankia y BMN en manos públicas o la constitución de una banca pública (en la UE existen ejemplos muy significativos) pueda ser considerada por un alto responsable socialista como algo propio de “rojos peligrosos”. Esta lamentable expresión, más que un insulto, debería ser un elogio dentro de un partido (PSOE) calificado de izquierdas desde su constitución hace 138 años.

El tercer asunto controvertido entre los candidatos se refiere al modelo de partido y a las contradicciones que se producen en la actualidad entre el voto directo de los afiliados (Primarias) y el voto indirecto y delegado en el congreso, además de otros asuntos concretos relacionados con la democracia interna: limitación de mandatos, incompatibilidad de cargos, puertas giratorias, despotismo ilustrado… Se trata de un debate necesario en un partido democrático que, entre otras decisiones, debe condenar el lamentable ejemplo que está dando la actual Gestora interviniendo y tomando decisiones unilaterales de parte, mientras que la parte contraria tiene que recurrir al crowdfunding para disponer de locales y financiar los gastos derivados del proceso de Primarias, lo que rompe el principio básico de igualdad de oportunidades.

El cuarto asunto se refiere al modelo territorial y en concreto a Cataluña y a sus alternativas en torno a la reforma de la Constitución, el Estado Federal o el Estado plurinacional. Las decisiones que se tomen deben estar encaminadas a alcanzar un Acuerdo satisfactorio entre las partes -que garantice una España con Cataluña y una Cataluña en España-, para ser ratificado finalmente por los ciudadanos. Alegar que abrir una fase de negociaciones con la Generalitat significa la “ruptura de la Unidad de España” es todo un despropósito y demuestra una fuerte miopía política y el alejamiento de la realidad social.

Finalmente, y en quinto lugar, un asunto que dividirá también a los candidatos se refiere a la política de alianzas. Sin lugar a dudas, la decisión más polémica dentro del PSOE se refiere a un hipotético acuerdo con Podemos, que es considerado como la bestia negra por algunos barones, a pesar de que gobiernan en su Comunidad Autónoma (incluso en Ayuntamientos) con su apoyo directo o indirecto. Este asunto fue el que precipitó la dimisión forzada de Pedro Sánchez en el Comité Federal del pasado mes de octubre, al pretender un acuerdo con Podemos y con los nacionalistas para evitar el Gobierno Rajoy. El riesgo que corría el PSOE no era grande y el costo pequeño y, sin duda, los beneficios resultaban notables, sobre todo cuando el presidente del Gobierno de turno siempre podría disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones generales. Dicho esto, no es menos cierto que Podemos no facilitó el Acuerdo al exigir condiciones estrafalarias y ridículas y carentes de un mínimo sentido pragmático como se ha demostrado posteriormente. En todo caso, esta experiencia nos ha hecho reflexionar profundamente a todos…

Pedro Sánchez junto a Pablo Iglesias en un debate electoral en diciembre de 2015

En la actualidad poco ha cambiado y, según las últimas encuestas, todo indica que las diferencias electorales -entre el PSOE y Podemos- siguen siendo mínimas y que la suma de escaños de ambos partidos puede volver a resultar mayoritaria en el parlamento y, en el peor de los casos, se puede conseguir esa mayoría con el apoyo de los partidos nacionalistas del País Vasco y Cataluña. La pretensión, con esta hipótesis de trabajo, sigue siendo la misma: evitar que siga gobernando por más tiempo la derecha y el Gobierno Rajoy salpicado de escándalos en la actualidad y, además, desarrollar a fondo una decidida política progresista de marcado carácter socialdemócrata que apueste por la redistribución de la riqueza y la superación de las desigualdades, la persistente pobreza y la exclusión social de muchos de nuestros ciudadanos. El sentido común nos indica que para ello resulta imprescindible un Acuerdo en el seno de la izquierda, tanto para hacer oposición real en el Parlamento como para gobernar y que la lucha despiadada por la hegemonía dentro de la izquierda producirá efectos irreversibles y negativos, lo que aconseja aceptar la hegemonía compartida y, en consecuencia, aparcar la división -respetando las diferencias culturales y programáticas- en beneficio de los más desfavorecidos.

Portugal como ejemplo^[2]

Como aportación al debate no podemos olvidar la experiencia (muy bien valorada por la UE) que se está llevando a cabo en nuestra vecina Portugal, por primera vez, desde la Revolución de los Claveles en abril de 1974. Debemos recordar que Antonio Costa, secretario general del Partido Socialista (PS), encabeza un Gobierno monocolor con sus 86 diputados y cuenta con el apoyo de 19 escaños del recién creado Bloco de Esquerda (BE) y de 17 escaños del ortodoxo Partido Comunista de Portugal (PCP), coaligado con el partido de los Verdes, a los que hay que sumar el representante del Partido de Personas, Animales y Naturaleza (el llamado Partido Animalista en otros países, incluido España). Los 123 diputados en la Asamblea de la República conforman una mayoría absoluta sobre los 230 diputados que componen dicha Asamblea.

Según Felipe Nieto, profesor de Historia Actual de la UNED (“Portugal: la alianza de la izquierda funciona”. ctxt.es), la gestación del Acuerdo en el seno de la izquierda portuguesa fue muy laborioso; sin embargo, llegó a buen término bajo el denominador común de echar a la derecha del poder y después de llegar a la convicción de que el Acuerdo sería muy beneficioso para la gran mayoría de los ciudadanos (muy maltratados por las políticas de austeridad del anterior Gobierno de derechas) y también para los partidos que apostaran por un Acuerdo de estas características. Sin duda, a esto colaboró, de manera muy destacada, el apoyo de los sindicatos y la generosidad del BE y del PCP, que no exigieron formar parte del Gobierno, a cambio de firmar acuerdos bilaterales y entre sí, lo que terminó por perfilar un Programa de objetivos mínimos para la presente legislatura (2015-2019), sin que ello obligara a los partidos firmantes del Acuerdo a renunciar a sus programas máximos.

Algunos logros de la acción del Gobierno portugués son ya destacables: el incremento del SMI fijado en 557 euros para este año en la perspectiva de conseguir 600 euros al final de la legislatura, la subida de las pensiones, el aumento de los salarios de los empleados públicos y la reducción de su jornada a 35 horas, la recuperación de la inversión pública, particularmente en la sanidad, el incremento de las becas y la reducción de las tasas universitarias, la reducción del IVA al 13 % en el sector de la restauración, la paralización de medidas privatizadoras, sobre todo en los transportes públicos (en la compañía aérea TAP el Gobierno vuelve a ser el socio mayoritario). Todo ello está siendo compatible con el crecimiento del PIB, la reducción del déficit público por primera vez en años y la lucha contra el desempleo, que se sitúa en el 10,5 %, a pesar de la fuerte deuda pública que supera los 244 000 millones de euros (cerca del 133 % del PIB), lo que exigirá un Acuerdo en el marco de la UE, junto a otros países con deuda alta, para renegociar o mutualizar la deuda. Otros asuntos relacionados con las libertades también son dignos de mención: la adopción de las parejas homosexuales, eliminar las trabas para la práctica del aborto, despenalizar la muerte asistida (ley para la eutanasia en trámite parlamentario)…

A pesar de estos avances, no debemos olvidar que Portugal tiene todavía muchos problemas que resolver. Sin embargo, los incipientes logros alcanzados en nuestro país vecino son una realidad incontestable y nos interrogan e interpelan sobre el por qué en nuestro país no es posible explorar a fondo un Acuerdo similar. Por eso, los sindicatos, el mundo de la cultura, la Universidad, y las fuerzas emergentes deben confabularse para exigir la Unidad de la izquierda en base a un Programa razonable, progresista y de cambio. El PSOE no puede actuar a la defensiva recogiendo las migajas de pequeños acuerdos que, en todo caso, garantizan la estabilidad del Gobierno del PP y, lo que es más grave, avalan los escándalos y las decisiones que acompañan a este partido en la actualidad. Por eso, los candidatos a Primarias están obligados a debatir sobre estos asuntos y los afiliados -y sólo los afiliados- decidir sobre la política a seguir. En cualquier caso, la consolidación de la democracia interna es imprescindible para que el PSOE recupere la credibilidad y genere una renovada ilusión en la ciudadanía y particularmente en los más jóvenes.

1. Antón Saracibar, dirigente sindical, exsecretario de Organización de la UGT. Publicado inicialmente en Sistema Digital
2. Europa silencia que el gobierno de izquierdas de Portugal marcha bien