Los embarazos de niñas y adolescentes continúan imparables en América Central, donde las legislaciones para prevenirlos, cuando las hay, son letra muerta, y los Estados se dejan influenciar por sectores conservadores que se oponen a la educación sexual en las escuelas, informa Edgardo Ayala (IPS) desde San Salvador.
El más reciente episodio de esa realidad lo protagonizó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al vetar, el 29 de julio, la Ley Integral de Prevención al Embarazo de Adolescentes, aprobada por el unicameral Congreso Nacional el 8 de marzo y criticada por grupos conservadores y la derecha política del país.
«No conocemos los fundamentos del veto, pero se puede pensar que esa ley sigue parada por la presión de esos grupos antiderechos», dijo a IPS, desde Tegucigalpa, la abogada Erika García, del Centro de Derechos de la Mujer.
La influencia de grupos de presión
Sectores conservadores, aglutinados en «Por nuestros hijos», una versión hondureña del movimiento regional «Con mis Hijos no te Metas», se han opuesto a la ley porque para ellos buscaba instaurar la «ideología de género», como el populismo conservador internacional llama a la difusión de derechos de las mujeres y de la comunidad Lgbti.
Las Naciones Unidas mostró en junio su preocupación por las «campañas de desinformación» en torno a esa ley hondureña.
La última de las marchas en favor de «la familia y la niñez», la hicieron en Tegucigalpa, la capital del país, el 22 de julio.
Esos grupos «apelan a la ignorancia de las personas, al miedo, a la religión, con argumentos alejados de la realidad, dicen, por ejemplo, que a los niños les van a poner faldas y a las niñas, pantalones», añadió García.
Según, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), uno de cada cuatro partos es de una menor de diecinueve años en Honduras, con lo cual el país es el segundo en América Latina con la mayor tasa de embarazos en adolescentes.
El Código Penal de Honduras establece que tener relaciones sexuales con menores de catorce años es violencia sexual y por tanto, un delito, sin importar si hubo consentimiento por parte de la niña.
En 2022 hubo 1039 partos de niñas entre con ese rango de edad.
«Es bastante grave, y se agrava más porque no hay políticas públicas de prevención de embarazos de niñas ni adolescentes», acotó García.
En los países de América Central, con unos cincuenta millones de habitantes, prevalecen visiones ultraconservadoras cuando se trata de educación sexual y reproductiva.
El Salvador, Honduras y Nicaragua mantienen una prohibición absoluta del aborto, a los que se les suma República Dominicana, en el Caribe. En el resto de Centroamérica la interrupción del embarazo solo se permite en algunos supuestos.
La presidenta hondureña vetó la ley con la fórmula de «vuelva al Congreso» legislativo, para que la analice nuevamente y eventualmente se ratifique si se obtienen los dos tercios de los 128 diputados.
«No sabía qué era un condón»
Sin embargo, contar con leyes de esa naturaleza tampoco asegura que el fenómeno se va a aliviar, pues sucede que los mandatos legales no siempre se cumplen.
El Salvador cuenta desde 2017 con la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y en Adolescentes, y si bien las cifras se han reducido en los últimos años, aún siguen siendo elevadas.
Un informe de Unfpa señaló que en este país la tasa de embarazo en niñas y adolescentes ha bajado en más de cincuenta por ciento entre 2015 y 2022.
Sin embargo, «es preocupante ver a El Salvador como uno de los cincuenta países del mundo con las mayores tasas de fecundidad en niñas de diez a catorce años», refirió en su último informe, publicado en este mes de julio.
Entre las niñas de diez a catorce años, señala el documento, la tasa de embarazo ha bajado un 59.6 por ciento al pasar de 4.7 inscripciones prenatales por cada mil niñas en 2015 a 1.9 en 2022.
El mapa sobre los embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador, agrega que el país «necesita acelerar aún más el paso, adoptando políticas y estrategias ajustadas a las realidades diferenciadas de las niñas de diez a catorce años y las adolescentes de quince a diecinueve años».
Esas acciones tienen que estar basadas «en evidencia», cita el informe.
Esa referencia pareciera ser una alusión a la prevalencia de actitudes conservadoras de grupos que, al igual que en Honduras, rechazan la educación sexual y reproductiva en las escuelas.
Esa falta de conocimiento elemental sobre sexualidad, en medio de un contexto de pobreza estructural, llevó a Zuleyma Beltrán a quedar embarazada cuando era una adolescente de quince años.
«Cuando quedé embarazada yo no sabía ni qué era un condón, no me da vergüenza decirlo», aseguró a IPS Beltrán, ahora de 41 años.
Y agregó: «Sufrí mucho por no tener conocimiento de muchas cosas, por vivir en la ignorancia».
Dos años más tarde, Beltrán volvió a quedar encinta y tuvo una emergencia obstétrica. Perdió el feto y eso la llevó a la cárcel en agosto de 1999, acusada de aborto, como sucede con cientos de mujeres en El Salvador.
Este país no solo prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas, incluso en casos de violación, sino que también impone penas de hasta treinta años de cárcel a las mujeres que han sufrido abortos inducidos o espontáneos y que el sistema de justicia las criminaliza casi siempre por igual.
«Al Estado le debería dar vergüenza obligar a esas niñas a parir y no les da opciones», manifestó Anabel Recinos, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
«El Estado no les asegura a las niñas educación sexual ni salud sexual y reproductiva, y cuando vienen las consecuencias por los embarazos o por las emergencias obstétricas, es demasiado cruel con ellas, solo les ofrece la cárcel», añadió.
Recinos dijo que, por la presión de los grupos conservadores, el Estado ha retrocedido en la estrategia de brindar información sexual y reproductiva en las escuelas.
«Ahora son más rigurosos para no permitir que las organizaciones que trabajan en esa área vayan y den charlas sobre educación sexual integral en las escuelas», acotó.
Ni ayuda para bebés
En Guatemala tampoco han avanzado las iniciativas de organizaciones civiles que desde 2017 han propuesto, entre otras cosas, que al menos el Estado debería de ofrecerles una reparación a las niñas y adolescentes embarazadas, para aliviarles la dura carga.
Entre esas propuestas se incluyeron al establecimiento de un plan de becas, un mecanismo para asegurar el cuido del bebé para que la madre vaya a la escuela y el suministro de fórmula para alimentarlo.
«Pero lastimosamente no logramos dar el siguiente paso, echar a andar esas medias», afirmó Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, en conversación telefónica con IPS, desde Ciudad de Guatemala.
Barrios dijo que la mayoría de las usuarias de los servicios que ofrece esa organización, como acompañamiento legal y sicológico, «son niñas y adolescentes que por la violencia sexual empiezan una maternidad forzada».
Aseguró que en los último cinco años han quedado embarazadas alrededor quinientas mil niñas menores de catorce años, y la cantidad se incrementa al incluir a las de hasta diecinueve años.
«Hoy tenemos medio millón de niñas que no sabemos con qué se están alimentado ellas ni los niños y niñas productos de la violación», subrayó Barrios, al agregar que al igual que en El Salvador y Honduras, en Guatemala se considera un delito sexual tener sexo con una menor de catorce años.
Agregó que «La sociedad normaliza que las mujeres nacemos para ser madres, y entonces da igual que una niña quede embarazada a los diez o a los doce años, se piensa que ella solo se ha adelantado».
Patriarcado y capitalismo
Las expertas de Guatemala, Honduras y El Salvador consultadas por IPS sostuvieron que la raíz del fenómeno es multicausal, y sobresalen aspectos visibles del patriarcado, como los estereotipos de género y la violencia sexual, entre otros.
«El patriarcado tiene un interés de detener que las mujeres salgamos al ámbito público», aseveró la guatemalteca Barrios.
Aseguro que la vida de una niña de diez años queda truncada al salir embarazada. Ya no irá a la escuela y se quedará en el ámbito doméstico, «para criar hijos y estar en la casa».
Por su parte, la hondureña Garcia señaló que también está de fondo un «sistema de opresión» que se entrelaza con el patriarcado y el colonialismo, que es la influencia de un país o región hegemónica.
«Tenemos niñas pariendo mano de obra barata para alimentar el sistema (capitalista), y se da una mayor feminización de la pobreza, niñas pariendo niñas a las que se les arruina su proyecto de vida», comentó la abogada.
Mientras tanto, para no repetir la dura experiencia vivida, la salvadoreña Beltrán señaló que ella sí habla y enseña a su hija de nueve años sobre sexualidad.
«Para no repetir mi historia le hablo de los preservativos, de cómo una mujer se tiene que cuidar y de cómo una puede salir embarazada», acotó.
«No quiero que pase por lo que me tocó pasar a mí», dijo.
