La organización no gubernamental Avaaz, defensora de los derechos humanos en todo el mundo, ha iniciado una recogida de firmas que va presentar ante la ONU cuando, en los próximos días, debata sobre la cada vez peor situación de la minoría uigur en China.
“El coronavirus ha situado a China en la primera página de la actualidad pero hay otra crisis que el país intenta esconder al resto del mundo. Un millón de uigures están detenidos y son adoctrinados a la fuerza por las autoridades chinas. Las mujeres son brutalmente torturadas y violadas, y los niños arrebatados a sus padres –dice el comunicado de la campaña- Nuestros gobiernos tienen miedo de reaccionar pero nosotros no”.
Avaaz quiere hacer llegar la voz de los supervivientes –un millón de firmas, una por cada detenido- a los parlamentos de todo el mundo, y presionar a las grandes multinacionales para que se pronuncien en favor de la libertad de los uigures.
Hace décadas que el gobierno de Pekín ha convertido a la minoría uigur, de religión musulmana, en el enemigo. De la vigilancia ha pasado al control, a la represión y hoy “al encarcelamiento masivo y el adoctrinamiento forzoso”. Una represión de tal índole exige una enorme estructura tecnológica, tanto para la vigilancia de espacios públicos y privados como para organizar las enormes bases de datos y ADN, lo que solo es posible “con ayuda de las grandes multinacionales que proporcionan capital y tecnología, a cambio de los cual las autoridades chinas les ofrecen trabajo forzado y grandes beneficios” sobre las inversiones que hacen en el sector de la vigilancia.
“Hace poco, un superviviente del Holocausto sugería la creación de un décimo primer mandamiento para la humanidad: ‘No permanecerás indiferente’. Empecemos por pedir a los gobiernos que obliguen a Pekín a respetar los derechos humanos del pueblo uigur y conminemos a los inversores y directores de empresas a romper la ley del silencio y no permanecer con los ojos cerrados”.
En octubre de 2019, el canal francés de información continua C News (antigua i-Télé) ofreció los resultados de un trabajo de investigación efectuado por el diario estadounidense Washington Post sobre las mujeres de minorías en China, en el que hablaba de “violaciones, humillaciones sexuales, esterilizaciones y abortos forzado”. Los testimonios, recogidos por la periodista Amnie Ferris-Rotman, procedían de mujeres uigures y kazajas refugiadas en Kazakhstan, al otro lado de la frontera china, que contaban haber sido obligadas a abortar contra su voluntad en la provincia de Xinjiang; otras aseguraron que les colocaron dispositivos anticonceptivos y muchas haber sido violadas o haber presenciado violaciones, hechos que corroboran las organizaciones locales de defensa de los derechos humanos (prohibidas) y algunos abogados disidentes “que aseguran que se trata de torturas frecuentes” en el país. Lo que lleva a la conclusión de que las autoridades chinas van especialmente en contra de las mujeres uigures, y más concretamente contra la posibilidad de que se reproduzcan.
El pasado 21 de febrero de 2019, Amnistía Internacional (AI) hizo pública una investigación que demuestra que el gobierno de Xi Jinping sigue «intimidando a los uigures y otros grupos étnicos musulmanes, incluso cuando se han marchado del país”: “una represión –dice el comunicado- que va más allá de las fronteras”.
Las presiones, sistemáticas, proceden de las embajadas chinas en el extranjero, mediante mensajes de internet y llamadas telefónicas: “Incluso cuando los uigures y los miembros de otras minorías han escapado de las persecuciones en Xinjiang, el gobierno chino encuentra el medio de llegar a ellos, intimidarles (…) y presionar a otros gobiernos para que les expulsen”.
Entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, AI ha recogido información de cuatrocientos miembros de grupos étnicos, mayoritariamente musulmanes, uigures, kazajos y uzbekos, instalados en veintidós países : «Sus relatos ponen de manifiesto el acoso y el miedo que viven diariamente». Varios uigures han declarado que las autoridades de Xinjiang acosan a sus familiares, otros han contado que las autoridades chinas les han contactado a través de aplicaciones de redes sociales para asustarles.
Recordemos que desde 2017 China está llevando a cabo una campaña de detenciones masivas de uigures, kazajos y otros grupos étnicos de mayoría musulmana en la provincia de Xinjiang. «Se estima que al menos un millón de ellos se encuentran detenidos en centros de ‘transformación por la educación’ o de ‘formación profesional’, donde padecen numerosas violaciones de los derechos humanos”. En los primeros días de esta semana, varios medios de comunicación internacionales han recibido un documento oficial chino de 137 páginas, con información detallada sobre personas originarias de Xinjiang, tales como sus costumbres religiosas y sus relaciones personales, precisando si se encuentran en campos de “reeducación”, o no.
“Aunque China continúa negando la existencia de campos de internamiento, las pruebas que lo demuestran se acumulan- sigue el comunicado de AI- Cualquier persona reenviada a Xinjiang tiene muchas probabilidades de ser internada en un campo y de sufrir graves violaciones de los derechos humanos. Todos los países que acogen personas de la diáspora de Xinjiang deben adoptar medidas para protegerlas e impedir que sean devueltas a la fuerza a China”.
