En las llamadas elecciones del uranio, los groenlandeses han respaldado mayoritariamente a quienes se oponen a nuevos proyectos mineros en su gran isla, cubierta de hielo casi al ochenta por ciento. Groenlandia, cuyos habitantes son de origen nórdico e inuit, tiene alguna actividad minera, pero cerró una importante mina de zinc en 1990.
El domingo 6 de abril de 2021, el partido ecologista de izquierda Comunidad Popular Inuit (Inuit Ataqtigüt) obtuvo el 37 por ciento de los votos, por encima del segundo grupo más votado, el centrista Adelante (Siumut), que quedó por debajo del treinta por ciento. Este último domina las instituciones de Groenlandia desde 1979, año en el que la isla obtuvo su estatuto de autonomía de Dinamarca.
En 1985, Groenlandia abandonó la Unión Europea, aunque mantiene vínculos con la UE a través del gobierno de Copenhague.
La empecinada defensa de los nuevos planes mineros por parte del gobierno ha terminado provocando una crisis y la cita anticipada en las urnas. El debate electoral se ha centrado en un (muy) específico proyecto minero globalizante. Lo impulsa la empresa australiana Greenland Minerals, controlada a su vez por Shengue Resources, una empresa de China, que pretende explotar los recursos mineros que parecen existir en Kvanefjield (en danés, Kuannersuit en el idioma local), al sur de Groenlandia.
La inquietud ha ido creciendo sobre todo entre los habitantes de Narsaq, que dista únicamente siete kilómetros y medio del gran agujero que se abriría para explotar las tierras raras y el uranio.
Actualmente, la pesca y la cría de renos y de corderos son el principal medio de sustento. Nueve décimas partes de los ingresos del país provienen de sus recursos pesqueros y de las subvenciones de Dinamarca. La mitad de los groenlandeses afirma no ser contraria a la minería en Groenlandia; pero los groenlandeses lo condicionan a un desarrollo sin daños medioambientales. Naturalmente, tampoco desean que esa posibilidad implique deterioro alguno de sus condiciones de vida y quieren evitar lo que se conoce como enfermedades del extractivismo minero mundial. Esos males pueden resumirse así: desposesión y reapropiación ajena del territorio, cambios sociales imprevistos, menor protección ambiental, gestión postcolonial, contaminación de la tierra y los recursos hídricos, dependencia financiera, corrupción política. Etcétera.
Como en otros proyectos similares -que se multiplican hoy especulativamente por todo el planeta, bajo el pretexto de la llamada transición verde– los promotores de la mina ofrecen crear unos setecientos empleos. Asimismo, proclaman que «las estimaciones demuestran que la mina de Kvanefjield podría contener el mayor yacimiento de tierras raras fuera de China, país que cuenta con más del noventa por ciento de la producción mundial». Empleo y perspectiva de enriquecimiento: dos clásicos de la propaganda del cabildeo minero global.
La previsión oficial de Greenland Minerals (durante 37 años) calcula una capacidad de extracción de treinta mil toneladas de tierras raras. Eso, además de 517 toneladas de uranio, afirman.
Los permisos de investigación del suelo comenzaron en 2010, cuando gobernaba el partido Adelante, perdedor ahora de las elecciones. Más tarde, las autoridades rechazaron hasta tres informes de impacto medioambiental. La aprobación de la cuarta tentativa de Greenland Minerals desencadenó la crisis que ha conducido al giro político actual.
Groenlandia es un territorio jurídicamente vinculado a Dinamarca pero que disfruta de una gran autonomía. El gobierno danés se ocupa de organizar las finanzas, las relaciones exteriores y la defensa; las demás competencias corresponden a las instituciones propias de Groenlandia.
Desde 1941, Estados Unidos tiene una base aérea en Thule, al noroeste de la isla. En 1968, dos años después de que sucediera algo similar en Palomares (Almería), durante el franquismo, el fallo de un gran bombardero B-52 dejó caer al mar cuatro bombas nucleares cerca de Thule. Nunca se recuperó la mayor parte del material nuclear disperso por aquel accidente, considerado uno de los peores desastres nucleares de la historia. Las palabras uranio y material nuclear están así ancladas en la memoria groenlandesa.
En aquella inmensa isla, cinco veces más extensa que España, viven apenas 56.000 personas, un número de habitantes equivalente al de capitales de provincia españolas como Segovia, Cuenca o Ávila.
«Hemos dicho no a las minas de uranio. Debemos ahora implementar lo que han dicho los votantes, que están muy preocupados por los proyectos de la minería», ha declarado Múte Bourup Egede, líder de Inuit Ataqtigüt. Egede, de 34 años, ha relacionado el rechazo a la mina con la necesidad de defender la salud de sus compatriotas.
Desde Europa, el voto de Groenlandia debe ser bastante más considerado que el número de sus habitantes, si atendemos al tema mayor que se ha dirimido las elecciones.
Debe tenerse en cuenta también la posición estratégica del país, más cercano al continente americano que a Europa. En el verano de 2019, Donald Trump quiso comprar Groenlandia a Dinamarca. Su oferta fue recibida con indignación y burlas, tanto en Copenhague como por parte de los groenlandeses. Pero en realidad no se trataba del primer intento de ese tipo por parte de Washington, que ya lo ha intentado al menos otras dos veces, una en el siglo XIX y otra en el XX, bajo la presidencia de Harry Truman.
La explicación de por qué Trump intentó adquirir Groenlandia como si fuera un finca es lógica desde el punto de vista geopolítico. Como Rusia y otras potencias, los Estados Unidos tratan de incrementar su presencia en una zona clave para las próximas décadas. Groenlandia tiene recursos naturales diversos, pero también puede adquirir mayor importancia ante la potencial apertura de nuevas rutas comerciales que abran el cambio climático y el deshielo paulatino de las vías marítimas del Ártico.
Sin embargo, de otro modo, en estas elecciones los groenlandeses han respondido lo mismo que ya le dijeron literalmente hace dos años y medio a Donald Trump: «Groenlandia no está en venta».
