Ileana Alamilla[1]
El 26 de marzo fue presentado el Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), por Flavia Pansierien, alta comisionada adjunta, en el marco del 25 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que tiene lugar en Ginebra, donde anualmente dicha oficina rinde informe sobre sus labores en el terreno, que en la actualidad suman diez países en todo el mundo, entre ellos Colombia, Bolivia, México y Guatemala.
En el caso de nuestro país, el informe hace especial énfasis en la situación de justicia, la inseguridad, la violencia, los pueblos indígenas, la brecha de desigualdad, los proyectos energéticos y extractivos, entre otras cosas.
La respuesta gubernamental, a cargo del embajador Antonio Arenales Forno, secretario de la Paz y presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), indicó que contiene inexactitudes e información fuera de contexto y que los esfuerzos de los guatemaltecos para construir un Estado democrático de derecho merecen mayor objetividad y comprensión que lo que refleja el informe.
El documento asegura que la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos, en la que participan el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, la Copredeh y la PDH perdió trascendencia, pues los representantes de las instituciones participantes fueron reemplazados por técnicos, lo que contribuyó a que algunas organizaciones de la sociedad civil decidieran abandonar dicha entidad.
Oswaldo Enríquez, titular de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, reconoció el interés de la Oacnudh por la situación de los defensores de Derechos Humanos, pero aclaró que luego de que algunas agrupaciones decidieron retirarse de forma unilateral y voluntaria, la Instancia se consolidó con la asistencia de legítimos y auténticos defensores de derechos humanos, como los periodistas, los sindicalistas, la diversidad sexual y los operadores de justicia y agregó que la representación de la Oacnudh se ha mantenido en casi 90 reuniones, legitimando a la instancia, firmando los planes de trabajo, por lo que es incomprensible que se exprese una opinión contraria.
En el caso de los periodistas, se resiente que el Informe no menciona el clima de inseguridad, censura y autocensura en que trabajan y la impunidad en los casos de los periodistas asesinados. También extraña la inexactitud del documento al asegurar que el Gobierno creó “un mecanismo específico de protección”, tras el asesinato de cuatro periodistas. Se le olvidó que ese Programa de Protección no surgió por esos hechos graves, sino que fue producto del cabildeo realizado desde el 2012 por ocho asociaciones departamentales de periodistas, Unesco y Cerigua, ante la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, lo que consta al representante de la Oacnudh en Guatemala, pues se le solicitó el acompañamiento para promoverlo, y él, consecuente con su mandato, aceptó.
Este mecanismo de protección es una conquista de nosotros, los periodistas que trabajamos y defendemos un derecho humano fundamental, la libertad de expresión. No es una dádiva gubernamental.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
