Antón Saracíbar[1]
El empleo, los salarios, la precariedad de nuestro mercado de trabajo, los servicios públicos, la fiscalidad, la corrupción, el conflicto de Catalunya y, sobre todo, las pensiones, son las grandes preocupaciones que tienen en estos momentos los españoles. Estos asuntos son, precisamente, los que el actual Gobierno ha maltratado y abandonado a lo largo de la crisis y marcarán el balance político de Mariano Rajoy en los próximos años.
Por lo tanto, no debe extrañar que la izquierda (PSOE y Podemos) y los sindicatos critiquen a fondo la política del Gobierno y elaboren propuestas, especialmente en relación con las pensiones. La pretensión tiene un único objetivo: aumentar sustancialmente los ingresos para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y la sostenibilidad económica de la Seguridad Social (SS).
Este objetivo básico y elemental está justificado por múltiples razones. De entrada, debemos recordar que las últimas reformas del Gobierno, encaminadas a reducir los gastos de los actuales y futuros pensionistas, no han logrado equilibrar el Sistema de la SS. Por el contrario, ha pasado de tener un amplio superávit a tener un déficit creciente que ha reducido drásticamente el Fondo de Reserva, pasando de cerca de 67 000 millones de euros (6 % del PIB) a prácticamente cero. Además de generar un déficit en torno a los 18 000 millones de euros al año (1,6 % del PIB), lo que ha significado que el gobierno apruebe un préstamo reciente a la Seguridad Social de 10 000 millones de euros. Lo más grave de esta situación es que estas cifras conviven con unas pensiones muy bajas que, según denuncia Ignacio Zubiri, bajarán aún más: hasta un 35 % en el año 2050 si nadie lo remedia. Por lo tanto, no es extraño que las protestas de los pensionistas, contra el ridículo incremento del 0,25 %, se hayan extendido de manera generalizada y alcancen en estos momentos al conjunto de la ciudadanía. Con el agravante de que sigue vigente el actual copago sanitario (con un sobrecoste para los pensionistas de 1000 millones de euros anuales) y no hay indicios claros de que se recupere la protección social de las personas dependientes.
Hasta ahora, la sostenibilidad de la Tesorería de la Seguridad Social se ha pretendido garantizar reduciendo exclusivamente los gastos (aumentar la edad legal de jubilación; aumentar los años cotizados para acceder a la pensión contributiva; incrementar los años para percibir la pensión completa, según la base reguladora; reducir el peso proporcional de los años cotizados para establecer la pensión; desligar del IPC la revalorización de las pensiones; establecer el factor de sostenibilidad…). A pesar de que el gasto en pensiones en España está ligeramente por debajo de la media europea, al alcanzar, en el año 2014, el 11,6 % y a que cerca del 48 % de los pensionistas no alcanzan los 655 euros mensuales. De la misma manera, y según la mayoría de los expertos, incluso los porcentajes de gasto en pensiones de jubilación en el año 2050 serían asumibles, comparables e, incluso, podrían ser menores, que los porcentajes existentes en la actualidad en algunos países de la UE (por encima del 14 % del PIB).
Sin duda, el problema económico de la Seguridad Social se ha agudizado por la nefasta gestión de la crisis llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. Efectivamente, el desempleo, la fuerte precariedad, la contratación a tiempo parcial y el desplome de los salarios, han reducido considerablemente las cotizaciones y por lo tanto los ingresos a la Seguridad Social. A ello hay que añadir también la caída de los cotizantes desempleados al Sistema. Según Octavio Granados, los afiliados ocupados a la Seguridad Social han aumentado desde 2011 a 2017, pasando de 17.443.161 a 18.222.519 (cerca de 800 mil más). Sin embargo, el Gobierno eliminó la cotización de los desempleados, por ERE, de 52 a 55 años, endureció las condiciones para el pago de sus cotizaciones y disminuyó la base de cotización. En coherencia con ello, el número de desempleados cotizantes ha pasado de 2.770.164 a 1.124.277, lo que significa que el número actual de cotizantes es todavía inferior al del año 2011. A lo que hay que sumar la supresión en su día de la cotización de los cuidadores familiares, los becarios y los estudiantes en prácticas.
En todo caso, buscar soluciones al problema económico de la Seguridad Social requiere, en primer lugar, consensuar unas alternativas básicas encaminadas a garantizar su sostenibilidad. Por lo tanto, este asunto no es susceptible de ser instrumentalizado a través de los medios de comunicación, como se viene haciendo por muchos de manera absurda e interesada. Es urgente, por lo tanto, recuperar la vigencia del Pacto de Toledo (defensa de un Sistema público de pensiones basado en “la solidaridad, la contribución y la suficiencia”) y garantizar la participación activa de los grupos parlamentarios y de los interlocutores sociales en la toma de decisiones, lo que representaría un primer paso (imprescindible) en la resolución definitiva del mencionado problema.
En segundo lugar, es urgente frenar drásticamente la pérdida de ingresos por la bonificación de cotizaciones a la Seguridad Social, que ha incumplido el Pacto de Toledo y no ha servido para crear empleo, como asegura el Gobierno: subvenciones a la contratación y tarifas planas (que deben ser financiadas exclusivamente por el Estado y no por la Seguridad Social). Además de perseguir con decisión el fraude en las cotizaciones (economía sumergida).
En tercer lugar hay que hacer hincapié en el capítulo de los ingresos de la Seguridad Social, sabiendo que existe un fenómeno estructural que no desaparecerá como es el envejecimiento: aumento de la esperanza de vida e incremento de la población de más edad, que pasará, según las últimas estimaciones del INE, del actual 18,1 % al 38,7 % de la población total en el año 2060. Por eso es preciso proponer fórmulas que garanticen aumentar los ingresos, a partir de una política económica y social que aborde el cambio de nuestro modelo productivo, sitúe al empleo en el asunto prioritario de cualquier gobierno, aumente los salarios, mejore la protección social de los desempleados y derogue las reformas laborales, sobre todo la emprendida por el gobierno Rajoy, encaminada a reducir exclusivamente los costos del mercado de trabajo (devaluación competitiva de los salarios), además de la reforma de las pensiones del año 2013. Al margen de reflexionar a fondo sobre el incremento del tope de la base máxima de cotización y sobre los efectos económicos que pudiera tener un aumento proporcionado y también topado de la pensión máxima, con el propósito de evitar la fuga de cotizaciones y el fomento de las pensiones privadas.
A pesar de todo ello, el desequilibrio entre ingresos y gastos se va a mantener, incluso si se reducen paulatinamente los efectos de la crisis (coyuntural), mejoren las cifras del desempleo y aumente la productividad de nuestra economía en el futuro. Esta es la razón fundamental para asumir el principio que defiende Ignacio Zubiri : “la economía genera recursos más que suficientes para pagar pensiones significativamente más elevadas de las que se derivan del actual modelo. Lo único que hay que hacer es aceptar que las pensiones, además de con cotizaciones, se paguen con otros ingresos. Fundamentalmente impuestos”. En base a estos principios se debe abrir un gran debate sobre el futuro del Sistema:búsqueda de nuevos ingresos públicos, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), articulando para ello algún impuesto general, directo y finalista como, por ejemplo, el existente, desde hace tiempo en Francia, denominado “Contribución Social Generalizada”.
El monto total de estas cantidades se debe establecer en función de las decisiones políticas que se tomen para responder a las siguientes preguntas: ¿Qué nivel de pensiones queremos para nuestros mayores? y ¿Qué renta de sustitución se debe establecer finalmente para los pensionistas en comparación con los salarios percibidos en su vida laboral? Debemos recordar que España, según los datos de Eurostat, dedica al gasto social el 25,7 % del PIB, muy por debajo de la media europea (situada en el 28,6 %) y de Dinamarca y Francia que superan el 33 % del PIB, por lo que se deberían tener en cuenta estos porcentajes a la hora de tomar decisiones sobre nuestras pensiones. De lo contrario, no hay que descartar que se confirmen los pronósticos más agoreros: que la tasa de sustitución de la pensión sobre el salario percibido descienda gradualmente desde el 79 % actual al 48 %, en 2060, según El informe España 2015 (Fundación Encuentro).
Un último asunto a considerar se refiere a las alternativas relacionadas con los Fondos complementarios de pensiones- al margen del Sistema público-, que defienden las entidades financieras ante la hipótesis de que se impongan unas pensiones mínimas o de supervivencia. Unos Fondos privados a los que sólo tienen acceso en la práctica las rentas medias y altas (los jóvenes- la mayoría con ingresos muy inferiores a los mil euros- no tienen recursos suficientes para formar una familia y buscar una vivienda y, por lo tanto, tampoco para invertir en un Fondo privado de pensiones). Por otra parte, dichos Fondos contemplan ventajas fiscales que pagan todos los españoles, lo que no es justo ni razonable. Por si esto fuera poco, las últimas experiencias en el mundo y en España demuestran que la mayoría de los Fondos privados de pensiones han perdido dinero o, incluso, algunos han quebrado (al margen de que sus gestores cobran sustanciosas comisiones), lo que ha incidido muy negativamente en la renta de los pensionistas que dependen exclusivamente de esos ahorros para su supervivencia. Por eso, en este contexto, resultan ridículas e intolerables las recientes declaraciones de Celia Villalobos (presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo) y confirman la alarmante mediocridad e incompetencia de algunos responsables políticos.
Esta dura realidad está obligando a los partidos políticos de la oposición y a los sindicatos a posicionarse y a elaborar propuestas para derogar la reforma unilateral de las pensiones del PP y garantizar su poder de compra, así como la suficiencia económica de la SS. Además de perfilar una amplia y exigente Agenda Social: reforma laboral, empleo, salarios, protección social, servicios públicos, fiscalidad… En cualquier caso, no hay ninguna razón para el pesimismo y menos para crear alarma social en una sociedad que ha demostrado suficiente capacidad para convivir en democracia, a pesar de las incertidumbres y de las graves secuelas que ha dejado la crisis, particularmente en los jóvenes y en las mujeres. Sobre todo si contamos con una gran fuerza electoral, como es la que representan cerca de nueve millones de pensionistas dedicados a defender una Seguridad Social pública y sostenible, tanto en términos económicos como sociales.
- Antón Saracibar, dirigente sindical, exsecretario de Organización de la UGT. Publicado inicialmente en Sistema Digital
