Andrés Besserer Rayas[1]
Un día Ignacio iba camino a su trabajo en Bogotá, cuando un policía lo requisó. No parecía una requisa fuera de lo normal, como las muchas otras que le habían hecho. Sin embargo, al revisar su cédula de ciudadanía, el agente le dijo que iría detenido por el delito de fraude a la identidad.
Ignacio terminaría durante 36 horas en un centro de detención sin entender de qué se le acusaba. Después, perdería su trabajo y las prestaciones laborales, incluido el seguro médico para él y su familia.
Ignacio es una de las cuarenta mil personas, en su gran mayoría colombo-venezolanas, que fueron arbitrariamente privadas de su nacionalidad colombiana.
A finales de 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, el organismo encargado de registrar los nacimientos y naturalizaciones, así como de expedir y dar vigencia a la cédula, anuló los registros civiles y en consecuencia canceló la cédula a estas personas.
La historia de Ignacio, como la de muchos otros afectados, encierra una triple victimización: es hijo de una persona en situación de desplazamiento del conflicto colombiano que se asentó en Venezuela, luego debió migrar de manera forzada como persona retornada a Colombia, y allí fue víctima de una acción que vulnera sus derechos y lo priva arbitrariamente de la nacionalidad a la cual tiene derecho.
Las acciones de la Registraduría atropellaron las garantías procedimentales y no garantizaron el derecho de las personas afectadas, fue una privación arbitraria de la nacionalidad.
En la mayoría de los casos, la Registraduría no dio aviso a las personas que se iniciaría un procedimiento; tampoco dio la posibilidad de que los individuos se defendieran ni aportaran elementos que aclararan su situación.
Más aún, la Registraduría emitió actos masivos de anulación de registros que no individualizan las causas de hecho de anulación y cancelación de documentos de identificación.
Y en muchos casos, como lo han señalado sólidas investigaciones de la sociedad civil colombiana, la Registraduría anuló registros de personas aduciendo causas que no eran fácticamente ciertas o basadas en un desconocimiento de la propia legislación colombiana.
Los coautores de este artículo somos parte de un conjunto de defensores de derechos humanos que, junto con valiosas organizaciones que velan por los derechos de personas en movilidad humana, recogimos el testimonio de Ignacio, así como de otras nueve personas, para producir el primer estudio sobre los efectos sociales de la privación arbitraria de la nacionalidad en Colombia.
Este informe muestra cómo la privación de la nacionalidad generó daño multidimensional y prevenible. Se ven trastocadas las vidas de afectados en diferentes esferas y, de haberse respetado las garantías procesales internas e internacionales, se hubiese evitado lo que documentamos.
Algunos de los niveles de daño identificados fueron económicos (pérdida de empleo), psicológicos (ansiedad y depresión) y al ejercicio de derechos que requieren la prueba de identidad de la persona (votar, abrir y manejar una cuenta bancaria, firmar un contrato, encontrar vivienda, etc).
Más aún, en nuestra investigación detectamos un «efecto derrame» en donde las acciones de la Registraduría no sólo afectaron a individuos que fueron privados de su nacionalidad, sino a sus familiares, y en particular a sus hijos e hijas en lo que los sociólogos han denominado «castigo multigeneracional».
La sociedad civil colombiana, bien sea desde universidades mediante clínicas jurídicas especializadas en movilidad humana, organizaciones de cooperación internacional, organizaciones de base comunitaria, entre otras, ha impulsado iniciativas para confrontar este problema.
Hay estrategias para mitigar y combatir este atropello de derechos humanos mediante acciones directamente relacionadas con las personas afectadas. Por ejemplo, se han organizado brigadas conjuntas para alertar a la población retornada que podrían tener este problema. Se han dado asesorías legales gratuitas individuales y a familiares de la población afectada.
Otra iniciativa en el mismo sentido busca empoderar a las personas que vivieron la anulación y promover un espacio de diálogo con instituciones políticas al respecto (iniciativa de JRS-Colombia y la Universidad Javeriana).
Otras estrategias empleadas son de incidencia y visibilización, y buscan un impacto mayor.
Varios casos llegaron a la Corte Constitucional de Colombia y estamos a la espera de que ésta emita una sentencia. Estos casos llegaron a la corte por la incidencia de la sociedad civil que presentó intervenciones solicitando el amparo no sólo de los derechos de accionantes en los casos seleccionados, sino también de miles de personas que no han recuperado la validez en sus documentos.
También se buscó la visibilización del caso mediante un litigio de alto impacto que ha permitido que organizaciones de la sociedad civil puedan exponer esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gracias a los esfuerzos de la Red de Litigio Estratégico en Migraciones a finales de 2022.
El informe también forma parte de la estrategia de visibilización e incidencia. Este estudio nació de la colaboración entre las ciencias sociales y la defensa de los derechos humanos desde el ámbito jurídico.
Las herramientas científico-sociales permitieron recolectar testimonios que identifican los tipos de daño generados a partir de la privación arbitraria a la vez que sirven como un documento-testigo que plasma las experiencias de las personas afectadas.
Mientras que el enfoque analítico del informe establece la necesidad de la debida ponderación de la autoridad frente a la cancelación de documentos de ciudadanía, la experiencia de las personas afectadas deberá humanizar las reflexiones en torno a la desnacionalización: no son casos o números, sino, como se muestra en la historia de Ignacio, vidas de personas y familias.
- Este es un artículo de opinión de Andrés Besserer Rayas, coordinador del informe «Ciudadanía arrebatada, derechos cancelados», elaborado con otros tres redactores del estudio, publicado originalmente en OpenGlobalRights.
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