Los nicaragüenses siguen emigrando por miles y se refugian en Costa Rica

La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde la represión estatal que comenzó el 18 de abril de 2018, como consecuencia de las protestas de los ciudadanos, ha dejado ya 328 personas fallecidas, unas 700 detenidas y enjuiciadas, y las que han emigrado superan la cifra de 70 000.

Residentes en Managua, apostados en la céntrica avenida de Metrocentro, ondean banderas nicaragüenses, durante la manifestación el lunes 23 de abril contra el gobierno de Daniel Ortega. Crédito: Jader Flores/IPS
Residentes en Managua, apostados en la céntrica avenida de Metrocentro, ondean banderas nicaragüenses, durante la manifestación el lunes 23 de abril contra el gobierno de Daniel Ortega. Crédito: Jader Flores/IPS

Son datos extraídos del informe “Migración forzada de personas nicaragüenses a Costa Rica”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo objeto es evaluar la situación de los derechos humanos de las personas nicaragüenses que se han visto forzadas a migrar hacia Costa Rica, y de formular recomendaciones dirigidas al Estado nicaragüense, al Estado costarricense y a los demás Estados Miembros de la OEA, con el fin de asegurar que se garanticen los derechos de las personas migrantes y refugiadas de este país.

En este informe, la Comisión contextualiza su situación y aborda también las causas del desplazamiento forzado, el procedimiento para reconocimiento de la condición de refugiado y la protección internacional brindada en Costa Rica, el acceso y efectivo ejercicio a derechos en ese país, y presenta recomendaciones basadas en los estándares interamericanos aplicables.

Al día de hoy, de acuerdo con información de sociedad civil, 130 personas continuaban privadas de libertad por hechos vinculados con las protestas. Un año después del inicio de la crisis, la migración forzada de personas nicaragüenses ha alcanzado más de 70 000 personas, de las cuales, 55 000 se encuentran en Costa Rica.

Para la elaboración del presente Informe, la CIDH hizo una visita de trabajo a Costa Rica entre el 14 y el 18 de octubre de 2018. En dicha visita, llevó a cabo 259 entrevistas y recabó 152 testimonios de nicaragüenses. Con base en el análisis de la información recopilada, la CIDH preparó un informe que analiza las causas que llevaron estas personas a huir de Nicaragua, los riesgos y obstáculos que enfrentaron al salir del país, y la situación que viven actualmente en Costa Rica.

Al respecto, la CIDH pudo verificar los perfiles de los principales grupos de personas que se vieron forzadas a salir de Nicaragua y solicitar protección internacional en Costa Rica: estudiantes que participaron en las manifestaciones y protestas, un 23 %; defensores y defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos, 22 %; personas que apoyaron a quienes participaron en las protestas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas, 18 %; médicos, 8 %; periodistas, 2 % ; y exmilitares y expolicías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el gobierno nicaragüense, un 2%.

Asimismo, la CIDH tiene muy claro quiénes son los principales responsables de la persecución: grupos parapoliciales (46 %), policía nacional (37 %) y los grupos de vigilancia y control, como los Consejos de Poder Ciudadano (17 %). Los testimonios recabados evidenciaron también que la mayoría de los nicaragüenses se desplazaron internamente antes de salir de su país, dejando sus hogares y resguardándose en casas de seguridad, amigos o familiares.

Con la publicación del Informe, la CIDH reconoce el importante rol del Estado costarricense para proteger a los nicaragüenses, así como las acciones que ha impulsado en el marco de la OEA para tal fin. En ese sentido destaca el funcionamiento del Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica, que constituye el único organismo jurisdiccional especializado en materia de migración y asilo en América Latina.

Además, el Informe se enfoca en los desafíos que deben afrontar los nicaragüenses que se exilian, entre los que destacan el costo significativo de acceder al procedimiento de asilo mediante el sistema de llamadas para quienes requieren protección; la larga duración de los procedimientos, que pueden extenderse hasta un año y medio sin recibir una respuesta a la solicitud; la falta de mayor información relativa a sus derechos y al procedimiento de asilo; la falta de asesoría y representación jurídica; y el rechazo en frontera de algunas personas nicaragüenses, sin analizar las necesidades de protección internacional o situaciones de vulnerabilidad.

Con ocasión de la publicación del presente informe, el comisionado Joel Hernández García, relator para Costa Rica de la CIDH, señaló que este organismo “urge a que continúen los esfuerzos de protección internacional brindados a todas las personas migrantes y refugiadas que buscan su territorio huyendo de crisis, inseguridad y violencia, a través de respuestas integrales y coordinadas, en particular, a laa personas desplazadas en virtud de la situación presente en Nicaragua”.

Asimismo, la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, apuntó que “la situación que enfrenta Nicaragua hoy en día –y que ha sido de especial atención para la CIDH y la comunidad internacional– obliga a otros Estados a brindar una respuesta fundada en los principios de responsabilidad compartida y solidaridad, mediante la adopción de medidas que permitan que Costa Rica cuente con las medidas para proveer la protección que requieren aquellas personas nicaragüenses que se desplazan de manera forzada”.

A primeros de este mes de septiembre, un informe de la ONU describía un panorama de gran represión en Nicaragua. El equipo de Michelle Bachelet asegura que se les ha negado a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Además, describe cómo los arrestos y detenciones arbitrarias continúan siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas.

A pesar de que en febrero de 2019 se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (Alianza Cívica), y de que hasta el 11 de junio de 2019 se puso en libertad a 492 personas que habían sido detenidas en el contexto de las protestas de 2018, el Gobierno y los elementos progubernamentales continúan reprimiendo la disidencia.

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Periodista. Tras más de 30 años en el sector de la construcción en general, de la mano de una publicación para profesionales, un buen día nuevos derroteros la llevaron al mundo de la política, pero sin dejar la comunicación. Esa época determinó el comienzo de un camino dirigido a la solidaridad, a la defensa de los derechos humanos, a la denuncia. Poco después dejó España y se instaló en México. Allí comenzó a publicar en el periódico México Inteligente, donde tuvo su propia columna. Posteriormente, colaboró con el Periódico de Puebla y con revistas literarias, donde editó poesía. Un buen día contactó con Periodistas en Español, medio que le permitió relatar a los españoles lo que sucedía en el país azteca, así como describir las maravillas de su naturaleza. Tras siete años de estancia en México, a mediados de 2018 regresó a España. Actualmente sigue los avatares mexicanos y continúa contándolo en Periodistas en Español.

2 Comentarios

  1. Es el resultado de la política del dictador. Nicaragua donde la vida es efímera, país donde la vida vale lo que el sicario y ordenante decidan: unos pocos de dólares y un par de tiros en la nuca o en la cabeza. Es la política de la extrema izquierda que gobierna el país, con un guerrillero al frente cuyas manos están empapadas de sangre. El pueblo, consecuencia de la corrupción impuesta por el gobierno, poco o nada pueden hacer.

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