Lo afirma Amnistía Internacional en su reciente informe mundial 2017-18: que continúan las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos; que los ciberataques y la vigilancia digital son habituales; que las detenciones arbitrarias generalizadas siguen derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; y que persiste la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Por otra parte, la violencia contra las mujeres aún continúa suscitando una honda preocupación, pues según datos recientes, dos tercios de las mujeres habían experimentado violencia de género a lo largo de su vida.
Policía y fuerzas de seguridad
Durante este último año, en México se ha producido un incremento significativo del número de homicidios, con 42 583 registrados en todo el país. Se trata de la cifra anual de homicidios más alta reconocida por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012. La cifra real podría ser más alta, ya que algunos crímenes no se denuncian a la policía por desconfianza o temor, y no todos los que se denuncian derivaban en medidas oficiales. En diciembre, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, que permite la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, sin incluir disposiciones efectivas que garantizaran la transparencia, la rendición cuentas, o la supervisión civil.
Detenciones arbitrarias
Las detenciones y reclusiones arbitrarias siguen siendo generalizadas y muchas veces derivan en otras violaciones de derechos humanos, tales como torturas y malos tratos, desaparicionesforzadas, y ejecuciones extrajudiciales. Las detenciones arbitrarias muchas veces incluyen la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales, por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades parecen tener como objetivo a personas históricamente discriminadas, especialmente hombres jóvenes que viven en la pobreza.
La policía habitualmente incumple sus obligaciones durante las detenciones y después de éstas. Es frecuente que los agentes no informen a los detenidos de los motivos, ni de los derechos que les asisten, como la asistencia letrada y la posibilidad de comunicarse con sus familiares para informarles de dónde se encuentran y por qué.
Por otra parte, los retrasos injustificados a la hora de presentarles ante las autoridades pertinentes son práctica habitual y, muchas veces, facilitan otras violaciones de derechos humanos. Sin olvidar lo habitual: que los informes policiales sobre detenciones contengan errores importantes, información falsa y otras deficiencias graves, como imprecisiones en el registro de la fecha y la hora de la detención.
Los motivos de una detención arbitraria son diversos, pero incluyen: extorsionar a la persona detenida para obtener dinero; detener a una persona concreta a cambio de un pago por parte de un tercero; motivos políticos; e investigar a la persona detenida en relación con otro delito, tras detenerla por un delito menor que normalmente no ha cometido.
Otra deficiencia grave es el hecho de que no haya un registro de detenciones unificado, accesible y coherente con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en el que incluir en tiempo real cualquier detención efectuada por los agentes.
Torturas y malos tratos
En febrero pasado, el relator especial de la ONU sobre la tortura hizo público un informe de seguimiento a una visita anterior a México, realizada en 2014. En él concluyó que la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados, e incluían un uso alarmante de la violencia sexual como método de tortura frecuente.
Unos meses después, en junio, entró en vigor una nueva ley contra la tortura, de aplicación nacional, que reemplazó la legislación estatal y federal vigente. Las organizaciones de la sociedad civil la recibieron con agrado, por considerarla un avance, ya que incorporaba las normas internacionales, lo que suponía una importante mejora respecto a la legislación existente hasta entonces.
La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República reportó 4390 casos de tortura en revisión a nivel federal, e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia. Sin embargo no anunciaron la presentación de cargos penales nuevos contra funcionarios públicos, ni brindaron información sobre las detenciones practicadas en relación con el delito de tortura. Así, sólo se ha constado que en el Estado de Quintana Roo un juez federal condenó a un ex agente de policía a cinco años de prisión por el delito de tortura.
Desapariciones forzadas
Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales siguen siendo práctica habitual, y los responsables gozando de una impunidad casi absoluta. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, un organismo oficial, indica que, en la actualidad, siguen sin esclarecerse la suerte o el paradero de 34 656 personas (25 682 hombres y 8974 mujeres). Las cifras reales son más altas, porque la oficial excluye los casos federales anteriores a 2014 y los clasificados bajo delitos de otro tipo, como secuestro o tráfico de personas.
Las investigaciones de personas desaparecidas siguen adoleciendo de irregularidades y las autoridades normalmente no inician de inmediato la búsqueda de las víctimas. Persiste la impunidad de estos delitos, incluido el caso de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición forzada en el estado de Guerrero en 2014. Las investigaciones del caso apenas avanzaron en el transcurso del año. En marzo, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes del Estado reiteraron la versión gubernamental de lo sucedido, según la cual, los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local, una teoría cuya imposibilidad científica había sido demostrada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por los especialistas argentinos. En octubre, el Congreso aprobó una ley general sobre desapariciones que definió este delito de acuerdo con el derecho internacional, y aportó herramientas para prevenirlo y juzgarlo. Para el presente 2018 se aprobó una dotación de 468,9 millones de pesos (unos 20,24 millones de euros) para su puesta en marcha.
Ejecuciones extrajudiciales
Las ejecuciones extrajudiciales no se investigan adecuadamente, y quienes las perpetran siguen gozando de impunidad. Por cuarto año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares. No se dio información sobre los cargos penales formulados en los casos de Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas murieron a manos de soldados en 2014; de Apatzingán, Michoacán, donde agentes de la policía federal y de otras fuerzas de seguridad mataron al menos a 16 personas en 2015; y de Tanhuato, también en Michoacán, donde los agentes mataron a 43 personas durante un operativo de seguridad en 2015.
El 3 de mayo, el ejército llevó a cabo operativos de seguridad pública en la localidad de Palmarito Tochapan, en el Estado de Puebla, y reportó la muerte de siete personas, incluidos cuatro soldados. Días después se publicaron en Internet imágenes de vídeo de cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los vídeos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo. Amnistía Internacional verificó de forma independiente las imágenes y concluyó que había razones suficientes para pensar que se había cometido una ejecución extrajudicial.
Refugiados y migrantes
Entre enero y agosto de 2017 se presentaron un total de 8703 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 2016. El porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de refugiado se redujo; pasó del 35 % en 2016 al 12 % en 2017. La mayoría de las solicitudes de asilo correspondían a personas provenientes de Honduras y Venezuela; por primera vez, estas últimas superaron en número a las de El Salvador y Guatemala.
Entre enero y noviembre, 88 741 personas migrantes en situación irregular fueron detenidas y 74 604 fueron deportadas, en la mayoría de los casos sin la posibilidad de impugnar su deportación. Un 94 % eran hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, países que habían registrado algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo en años anteriores, y un 20 % de las personas deportadas a esos países eran niños y niñas.
En febrero, el secretario de Relaciones Exteriores de México anunció que su país no recibiría a personas extranjeras devueltas por Estados Unidos en virtud de la orden ejecutiva sobre control fronterizo anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 25 de enero. En junio, el gobierno mexicano se reunió con sus homólogos de Norteamérica y Centroamérica, teóricamente para abordar las causas fundamentales de la crisis regional de refugiados. No hicieron público ningún acuerdo.
Se cumplieron dos años de la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Procuraduría General de la República, pero su actividad seguía viéndose empañada por dificultades institucionales y por problemas de coordinación con otras autoridades. Esos problemas limitaban los avances de varias investigaciones penales, incluidas algunas sobre masacres de personas migrantes, que permanecían impunes. En agosto, un órgano consultivo ciudadano publicó una investigación que demostraba la implicación del Instituto Nacional de Migración en varias violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad en centros de detención de migrantes bajo su gestión. Tales violaciones incluían hacinamiento, falta de acceso a servicios médicos adecuados, reclusión en régimen de aislamiento como castigo, y denuncias de tortura y otros malos tratos. Las autoridades negaron las acusaciones, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también había confirmado en ocasiones anteriores la existencia de pruebas de tortura.
Periodistas y defensores de derechos humanos
Los integrantes de estos dos colectivos han continuado recibiendo amenazas, hostigamiento y agresiones. Además, han perdido la vida no menos de 12 comunicadores, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2000. Entre ellos, el periodista galardonado Javier Valdez, fundador del periódico Ríodoce, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Sinaloa. Muchos de los homicidios de periodistas se produjeron a la luz del día y en espacios públicos. Las autoridades no realizaron avances significativos en la mayoría de las investigaciones de estos homicidios.
Aunque existe un hipotético Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de carácter federal, no brinda la ayuda adecuada a ninguno de ellos. Isidro Baldenegro López —ganador del Premio Goldman— y Juan Ontiveros Ramos, dos defensores de los derechos humanos pertenecientes al pueblo indígena rarámuri (tarahumara), fueron asesinados en enero y febrero, respectivamente. En mayo fue Miriam Rodríguez, quien lideraba la búsqueda de su hija y de otras personas desaparecidas en Tamaulipas. En julio, Mario Luna Romero, líder del pueblo indígena yaqui en el Estado de Sonora, y beneficiario de medidas de protección del mecanismo de protección federal, sufrió la intrusión en su casa de unos atacantes no identificados que incendiaron su automóvil. En enero de 2018 se conoció que una red de personas empleaba Internet para hostigar y amenazar a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en todo México.
Mujeres y niñas, indefensas
La violencia de género contra mujeres y niñas es generalizada. La investigación de la mayoría de los casos es deficiente, y los autores gozan de impunidad.
No se dispone de suficientes datos actualizados sobre los feminicidios, pero las cifras oficiales de 2016 indicaban que a 2668 mujeres se las consideraba víctimas de homicidio, así, sin más investigaciones. En agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó una encuesta que estimaba que un 66,1 % de las niñas y mujeres mayores de 15 años habían experimentado violencia de género por lo menos una vez en su vida, y que un 43,5 % de las mujeres habían sufrido violencia de género a manos de sus parejas.
En 12 de los 32 Estados existen mecanismos denominados “alerta de violencia de género contra las mujeres”. Esos mecanismos dependían de unos esfuerzos coordinados para confrontar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Al finalizar el año, no se había demostrado que hubieran reducido la violencia de género.
Con derechos escatimados
Las parejas de personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en Ciudad de México y en once estados sin recurrir a procedimientos judiciales. Sin embargo, en aquellos Estados en los que la legislación o las prácticas administrativas no lo permiten, tienen que promover un juicio de amparo ante los tribunales federales para que se revise su caso y se reconozcan sus derechos.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia sigue confirmando los derechos de las parejas de personas del mismo sexo a contraer matrimonio y a adoptar niños sin sufrir discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. En este sentido, en marzo declaró inconstitucional la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado porque sólo protegía los derechos de las parejas de personas de sexos distintos.
Y cuando suceden desgracias naturales, la población, principalmente las más pobre, tiene que soportar las consecuencias y la inoperancia o “desmadre” de quienes deberían protegerles.
En septiembre de 2016 se produjeron dos terremotos que tuvieron un fuerte impacto en zonas muy amplias, principalmente en el centro y el sur de México. Más de 360 personas murieron. En Ciudad de México, la mayoría de las víctimas mortales eran mujeres. Según las cifras oficiales, más de 150 000 viviendas se vieron afectadas y al menos 250 000 personas se quedaron sin hogar.
El gobierno aplicó medidas de rescate de sobrevivientes y de atención de emergencia, con la participación de personal tanto civil como militar y con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, hubo varios informes sobre una inadecuada coordinación entre distintas autoridades, datos incorrectos y tardíos sobre el rescate y la recuperación de cadáveres, incautaciones ilegales de alimentos y otros servicios esenciales que debían llegar a los sobrevivientes, y entregas insuficientes de ayuda a muchas zonas devastadas, especialmente en comunidades pequeñas y empobrecidas.
Las evaluaciones preliminares de los expertos publicadas en los medios de comunicación indicaban que algunas de las estructuras que se derrumbaron podían haber incumplido la reglamentación sobre construcción. Ahí comenzaron, o eso dijeron, las indagaciones correspondientes, si bien a día de hoy, mediado 2018, poco se sabe de sanciones en firme.
La gente que se había quedado sin hogar se las tuvo que arreglar por su cuenta, pues no había una estrategia integral para garantizar que se brindaran opciones de vivienda seguras y adecuadas. Los servicios educativos, incluidas muchas escuelas primarias, se vieron afectados durante semanas o meses, mientras se realizaban controles de seguridad y labores de reconstrucción en los centros escolares.
El 6 de octubre, el presidente Peña Nieto pidió a las familias afectadas que se organizaran ellas mismas para reconstruir sus casas. A eso se le llama ayudar a la población y respetar sus derechos.
[…] México, cada día más peligroso […]