El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW (1), por sus siglas en inglés) acaba de hacer público un informe sobre la situación de las mujeres y niñas en México, en el que reconoce los avances que el Gobierno ha hecho en materia legislativa y los esfuerzos programáticos y de política pública que se han emprendido para garantizar la no discriminación hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres en el país.
Sin embargo, expresa su preocupación en torno a varios aspectos de su vida, especialmente en un contexto con altos niveles de violencia, y formula recomendaciones específicas para garantizar sus derechos.
Las recomendaciones enfatizan la necesidad de concluir el proceso de armonización legislativa en los niveles federal, estatal y municipal acorde con los estándares internacionales y de garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. También subrayan la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral y al crédito, en igualdad de condiciones que los hombres, y tomando como línea base los estándares de seguridad social.
Por otra parte, cree que las políticas de prevención desde el sector educativo son primordiales para acabar con la violencia y los estereotipos sexistas, entre otras; y resalta la urgencia de garantizar los derechos de poblaciones en mayor riesgo de vulneración, tales como la población LBTI, las mujeres indígenas y afrodescendientes, las rurales, las defensoras de derechos humanos y las periodistas, e incluye por primera vez recomendaciones específicas para México sobre mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
También recomienda “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”.
Asimismo, el Comité ha enunciado varias recomendaciones sobre los derechos y la salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres, solicitando armonizar leyes y protocolos federales y estatales con la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005 (norma oficial relativa a violencia familiar, sexual y contra las mujeres, donde se indican los criterios para la prevención), entre otros elementos.
Pide que el Gobierno adopte medidas apropiadas para aumentar la sensibilización acerca de los derechos humanos de la mujer mediante campañas y creación de capacidad pública diseñadas e implementadas con la participación activa de las organizaciones de mujeres y abordando la propaganda negativa en materia de género.
Mujeres sin derecho a justicia
Aunque el comité reconoce que ha habido algunos avances, le preocupa que las barreras institucionales, estructurales y prácticas profundamente arraigadas en el país continúen obstaculizando el acceso de las mujeres a la justicia, incluyendo:
- estereotipos discriminatorios y conocimiento limitado de los derechos de la mujer entre el poder judicial, los profesionales del derecho y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía;
- criterios interpretativos estereotipados y parcialidad judicial en la resolución de casos, falta de responsabilidad de los jueces que no cumplen con el desempeño jurisdiccional sensible al género, combinado con acceso público limitado a las decisiones judiciales;
- las barreras financieras, lingüísticas y geográficas que enfrentan las mujeres indígenas, de bajos ingresos, rurales, y las mujeres con discapacidad para acceder a la justicia;
- un conocimiento limitado de la información sobre sus derechos en virtud de la Convención, así como de los recursos jurídicos disponibles para las mujeres, incluidas las víctimas de violencia de género, y las bajas tasas de enjuiciamiento en esos casos.
Por ello, su recomendación sobre el acceso de las mujeres a la justicia es:
- que se asegure la creación de capacidad sistemática y obligatoria de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, la policía y otros agentes del orden a nivel federal, estatal y local, sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género, para eliminar el trato discriminatorio hacia las mujeres y chicas;
- que se adopten medidas efectivas para garantizar la implementación del Protocolo del Tribunal Supremo para juzgar con una perspectiva de género en todo el poder judicial a nivel federal y estatal;
- garantizar la rendición de cuentas de los jueces que discriminan a las mujeres y revisar la Ley de transparencia general y acceso a la información (2015) para garantizar la publicación de todas las decisiones judiciales;
- se garantice la disponibilidad de información sobre recursos jurídicos para las mujeres víctimas de violencia de género y todas las formas de discriminación, incluso en idiomas indígenas y en formatos accesibles para mujeres con discapacidad, e introduzca un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita dirigida facilitar el acceso a la justicia para las mujeres que viven en zonas rurales y remotas;
- y que aliente a las mujeres a denunciar incidentes de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y garantice que las mujeres víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos oportunos y efectivos, y asegure que todos los casos de violencia de género contra la mujer sean efectivamente investigados, y los perpetradores enjuiciados y castigados adecuadamente.
Estas observaciones constituyen un marco y hoja de ruta de gran relevancia para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres y las niñas en México.
- La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es el instrumento internacional vinculante más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas. Fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, y es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembros de la ONU. Su cumplimiento es obligatorio para los países. El Estado mexicano ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981
