La construcción sostenible contribuye a la reducción de emisiones contaminantes provenientes de los materiales utilizados, mejora la conservación del agua, disminuye la generación de basura y tiene un impacto positivo sobre la salud de los habitantes de la morada, informa Emilio Godoy (IPS[1]).
A pesar de estas ventajas, el gobierno y la industria constructora de México desaprovechan sus beneficios y su potencial para fomentar actividades bajas en carbono y reducir la polución.
Expertos consultados cuestionan el escaso avance de esa modalidad, mientras México enfrenta el aumento de la temperatura promedio, olas de calor recurrentes y una crisis hídrica que no da tregua.
Un ejemplo de los avances que se pueden lograr en esta materia es el proyecto inmobiliario Séxtuple, situado en el municipio de Tlajomulco, en el occidental estado de Jalisco.
En ese desarrollo se alcanzó la reducción de 37.981 toneladas de dióxido de carbono (CO2) durante el ciclo de vida de las casas, una mayor eficiencia energética y de agua, así como una menor huella de carbono de los materiales de construcción.
Evaluado bajo el programa estatal Ecocasa de la pública Sociedad Hipotecaria Federal, la colonia (barrio) obtuvo mejores condiciones de financiamiento y el costo de cada vivienda unifamiliar rondó los 19.661 dólares.
Para Andrea Dani, directora del área de Arquitectura, Diseño y Construcción de la privada Universidad del Medio Ambiente, esta modalidad se mueve con parsimonia.
«Estamos dando pasos muy pequeños y muy lentos. En otros lugares, ha habido subsidios y eso hace que no haya un freno inicial. No se trata solo de lo que pide el mercado. A mediano y largo plazos, estas medidas para reducir emisiones resultan redituables», explicó a IPS desde Valle del Bravo, la localidad del estado de México donde tiene su sede la universidad.
El Consejo Mundial de Edificación Verde (WGBC, en inglés), con sede en Londres, estima que los edificios sostenibles ahorran 40 por ciento en consumo de agua, reducen hasta 30 por ciento el uso de energía y la emisión de gases contaminantes, así como entre 50 y 75 por ciento de los desechos generados por construcción y demolición.
Por ejemplo, una casa mal diseñada en un clima cálido puede consumir mil kilovatios/hora adicionales al año, que equivale a unos 600 kilogramos de CO2.
México presenta un problema serio de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de los edificios.
El reporte «Emisiones de GEI de todos los países», elaborado por diecinueve investigadores asociados al Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea, halló que las emanaciones de los inmuebles crecieron veintisés por ciento entre 1990 y 2022, y diecinueve por ciento entre 2021 y 2022.
Además, el sector vivienda representa dieciséis por ciento del consumo total de energía y veintiséis por ciento del uso total de electricidad, según el estudio publicado en septiembre de 2023.
En total, en 2022 México lanzó a la atmósfera 819 millones de toneladas de CO2 equivalente, el gas generado por la quema de combustibles fósiles y responsable del recalentamiento planetario.
Mientras, las emisiones ocasionadas por la producción de cemento registraron un leve acrecentamiento, al pasar de 19,33 millones de toneladas en 2020 a 19,56 millones el año siguiente, según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, elaborado por el gubernamental Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Según estimaciones de la extinta Secretaría (ministerio) de Desarrollo Social, que corresponde a la actual Secretaría del Bienestar, el ritmo de la expansión urbana alcanzó un promedio de cincuenta hectáreas diarias en los últimos treinta años, de las cuales la vivienda representa sesenta por ciento de tal crecimiento.
Desperdicio
El boom inmobiliario de este siglo ocasionó la edificación de complejos residenciales en zonas carentes de servicios, alejadas de los centros urbanos y laborales, así como azotadas por la violencia y de diseño insostenible, por no decir antiecológico.
Aunado a ello, urbes como Ciudad de México han crecido de forma desordenada y por la construcción de asentamientos humanos irregulares, especialmente en las zonas conurbadas, lo que perjudica a la sostenibilidad inmobiliaria.
Para el arquitecto Elías Cattan, director del despacho privado Taller 13, el modo de desarrollo de la ciudad no ha dado condiciones para la arquitectura sostenible.
«No hay un mercado que lo pide, no hay un Estado que lo incentive, hay pocos privados que lo impulsamos desde diferentes micronichos, es visto como algo elitista. El mercado ha forzado a mucha gente a no hacerlo. Debe haber un entorno construido sobre principios regenerativos, biodiversos, renovables», dijo a IPS.
En este país latinoamericano de unos 129 millones de habitantes, faltan indicadores sobre el desempeño ambiental de las viviendas, lo que acentúa otros problemas.
En 2020, México tenía 35,22 millones de viviendas, en crecimiento sostenido desde 1990, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2021 había en México 8,5 millones de viviendas en rezago habitacional, como se califica y cuantifica a las unidades habitacionales en condición de precariedad, por su construcción, por su habitabilidad o por ambas características.
Esas residencias eran habitadas por unos 34 millones de personas, según cifras de la gubernamental Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi).
A ellos se agregan las casas abandonadas, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sitúa en 650.000, pero el Inegi eleva a más de ocho millones.
A criterio de Guadalupe Huelsz, investigadora del Instituto de Energías Renovables de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), existe una toma de conciencia minoritaria, reflejada en avances muy pequeños.
«Se ha visto favorecida por parte del mercado. La edificación sostenible es muy amplia. En energía, la base para una edificación sostenible es el diseño bioclimático. Diseñamos edificaciones de acuerdo al clima donde se sitúan», señaló a IPS.
En 2012, México impulsó la ejecución de una acción nacionalmente apropiada de mitigación (Nama, en inglés), para viviendas nuevas, con fondos provenientes de KfW, el estatal banco de desarrollo y cooperación alemán, y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).
Sus objetivos consistieron en atenuar el consumo y gasto de energía de las familias en al menos veinte por ciento y contribuir a la transformación de los estándares constructivos del mercado inmobiliario, para facilitar viviendas energéticamente más eficientes y sostenibles.
Entre 2013 y 2020, cuando terminó su aplicación, la Nama derivó en la evaluación y certificación de 77.424 viviendas en 191 proyectos inmobiliarios, en beneficio de 309.696 personas, con un financiamiento de casi un millón de dólares y la reducción de 2,35 millones de toneladas de CO2.
Para 2023, la meta pautada fue el financiamiento de 60.000 unidades habitacionales que representan la mitigación de unos dos millones de toneladas de CO2 a lo largo de cuarenta años de vida útil.
El fomento de la edificación sostenible es vital para alcanzar el número once de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca «lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles», y una de cuyas metas en 2030 radica en «aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos».
Los ODS fueron adoptados en 2015 por la comunidad internacional dentro de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, con la meta de alcanzarse en 2030, pero lo cierto es que el mundo presenta rezago en su obtención.
En el olvido
El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha promovido un enfoque más social y menos mercantil en su política inmobiliaria, facilitando la compra de vivienda mediante emprendimientos sociales y apoyos al crédito. Pero esa política no ha tenido un impacto relevante en la construcción sostenible.
En el primer semestre de 2023, el Programa de Vivienda Social de la Conavi entregó 5475 apoyos por 72,53 millones de dólares, de los cuales 1674 financiaron la autoproducción de vivienda, 3379 la reconstrucción, 1598 la reubicación y solo una la adquisición.
Estas subvenciones representan la mitad de las entregadas en 2022, así que se presagia que podrían igualar el nivel de ese año, pero distan mucho de la necesidad de atención al déficit de vivienda.
Aunado a ello, la tendencia a la compra de viviendas viene en baja desde 2015, mientras que la de mejoramiento de las existentes muestra un síntoma similar desde 2014, debido al encarecimiento de los materiales, los efectos de la pandemia de covid que llegó a México en febrero de 2020 y el encarecimiento de los créditos.
En 2015 la construcción de vivienda aportó 301.820 unidades, mientras en 2020 cayó a menos de la mitad (135.580).
El gobierno mexicano aplica el Programa Nacional de Vivienda 2019–2024, que promueve su función social, para mejorar las condiciones de vida de la población, a través de cinco objetivos prioritarios, veintiuna estrategias y 145 acciones, pero cuya sostenibilidad está ausente en la práctica.
En México existen una norma voluntaria de edificación sostenible, de 2013, y otra de eficiencia energética en edificios para uso habitacional. de 2011, que se halla en proceso de revisión en la Secretaría de Economía.
En el segundo caso, que busca circunscribir las ganancias de calor en los edificios residenciales, para comprimir el consumo de energía de los sistemas de enfriamiento, ha presentado defectos en su diseño que limitan su aplicación, como la división del país en solo cuatro zonas climáticas y la consideración del uso de energía de los sistemas de refrigeración, sin atender los costos de calefacción.
Aunque el programa de vivienda estipula la creación de una regulación que introduzca los lineamientos necesarios sobre instalaciones de agua, luz y gas e incorpore las disposiciones de la norma de edificación sostenible, aún no ha sido emitida.
Como lo evidenció un análisis de 2017 de la Nama, existen barreras institucionales, regulatorias, técnicas, de conocimiento y financieras para el fomento de la vivienda sostenible.
La académica Dani sugirió una política pública de vivienda integral que incluya el factor social.
«La vivienda está considerada un objeto de inversión patrimonial, con objetivo de lucro, y no se promueve como derecho humano, y eso tiene repercusiones. Los aspectos sociales quedan atrás. Hay mucha especulación, mala planeación y diseño. La construcción sostenible no está en el centro para atender el cambio climático», resaltó.
Y si México no aborda el problema, sus consecuencias se agudizarían.
Un estudio de 2008 de la Iniciativa Climática y de Edificios Sostenibles del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente proyectó que el crecimiento potencial de las emisiones de GEI llegaría a 500 millones de toneladas en 2050.
Al respecto, acciones de mayor eficiencia en usos eléctricos, refrigeración de espacios, calentamiento de agua e iluminación en el sector residencial disminuirían la expansión de la contaminación a 63 por ciento en 2050. El costo estimado de las medidas rondaría los 103.000 millones de dólares.
Frente a este panorama, el arquitecto Cattan planteó el diseño de una política pública que posibilite una arquitectura perenne, no desechable y asequible.
«Tenemos que cuestionar cómo queremos vivir, qué espacios vamos a diseñar en relación con la ciudad, los climas, de una manera que no sea extractiva, degenerativa», dijo.
«Necesitamos vincular los capitales financiero, natural, social, humano. En otras partes, hay ciudades y construcciones que lo han logrado, hay muchos estilos y posibilidades. Es simplemente que tengamos la voluntad de hacerlo», consideró.
Mientras, la investigadora Huelsz propuso atención sobre la piel de los edificios (la envolvente, que separa su interior y exterior) y fomentar eficiencia energética y la generación de energía renovable local, y cuestionó la uniformidad de la construcción.
«Necesitamos difundir conocimiento, convencer a constructores que el diseño de edificios que van a ser energéticamente más eficientes es un plus para compradores, usuarios, que lo vean como una inversión y no como un costo. Construimos igual en todos lados, y eso no debe ser», afirmó.
«Ahora, el cambio climático nos obliga a regresar a diseños adecuados al clima y aprovechar las condiciones del exterior, y no cerrar completamente los edificios y generar un microclima», recomendó.
- IPS elaboró este artículo con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
