Llevamos disfrutando los españoles poco más de 40 años continuados de democracia, un hito histórico español de dimensiones prodigiosas. Y algo de lo que más se echa en falta es la creación de un sistema educativo auténtico, un sistema educativo consensuado que no dependa del albur de los antojos de la confección de las mayorías parlamentarias resultantes de las elecciones generales. Un sistema educativo de verdad, como la Constitución, resultado como ella del pacto, que sea un ejemplo paradigmático de la política propia de una sociedad civil que se precie.
No sé si hasta ahora había sido imposible llegar a semejante pacto. Lo que sí parece indudable es que la ocasión la pintan calva. No sólo los indicadores educativos anuncian la necesidad inmediata de renovar el espíritu educativo y su realidad palpable, es que la existencia de un Gobierno minoritario juega a favor. Hay que aprovechar que además los partidos implicados en la gobernabilidad parlamentaria (ojo, no la ejecutiva, no sé si me explico) parecen decididos a intentarlo. El pacto, digo.
Nueve millones y medio de estudiantes españoles cursan su formación educativa en España, desde la Educación Infantil a la Superior. El alto grado de fracaso escolar (uno de cada cinco alumnos de 18 a 24 años abandonó en el último período analizado las aulas sólo con un título de Educación Secundaria Obligatoria, siendo así que España dobla la media europea), la aparente mala posición en esos controvertidos listados del hit parade educacional del mundo y, sobre todo, el futuro que lleva gritándonos a todos, pero especialmente a los educadores, desde hace décadas y cada vez con más fuerza, haciendo atronar la palabra INNOVACIÓN, hacen perentoria la necesidad de ese acuerdo sobre el sistema educativo que se tramita desde hace meses en el Congreso de los Diputados. Una búsqueda de acuerdo que se tramita en el sentido emocional, no en el sentido de obligación desatendida.
¿Para qué se prepara a los alumnos? ¿Para qué sirve la enseñanza, hoy? En el fondo, todo se reduce a eso. Pero sobre lo que se va a negociar es sobre lo más elemental del problema. Y lo más elemental ya es en sí pura incertidumbre. Se han dado los parlamentarios españoles hasta mayo y han resuelto reunirse tres veces a la semana para debatir, esperemos que consensuar, sobre quince puntos quince de un guion en el que han desmenuzado el abismo que no debería de ser nunca un sistema educativo. En ese elenco hay asuntos que llevan todalavida sobre la mesa, es un decir, o sí, porque los intentos para pactar la educación no han empezado el año pasado. Y hay asuntos que han llegado recientemente para complicar aún más y convertir estas reuniones en un másdifíciltodavía circense.
Quince puntos quince
Los quince puntos sobre los que los parlamentarios españoles de la subcomisión creada al efecto en el interior de la Comisión de Educación y Deporte (Subcomisión del Congreso de los Diputados para el Pacto Social y Político por la Educación) van a tener que trabajar, según ellos mismos han acordado, son los siguientes.
El punto uno es genérico, tanto que incluso se llama nada más y nada menos que “El sistema educativo español”, pero se especifica a sí mismo cuando anuncia que se trata de su “diagnóstico, principios, fines y desafíos”.
El punto 2 va más al grano: “Financiación del sistema educativo”. La pasta. El meollo que desnuda las buenas intenciones. Ese segundo punto se dedica a eso, al uso del dinero (nuestro gasto educativo es el 4% del PIB, como en tantas cosas por debajo de la media de la OCDE), a la consecución del mismo y a la aportación del propio Estado (central), de las comunidades autónomas (responsables hoy del 80% del gasto) y de los entes locales. Con especial atención al llamado “suelo de financiación” y a las becas, donde se destina el 60% del presupuesto del conjunto estatal dedicado a la educación.
Al tercer punto se le ha llamado “Equidad e inclusión educativa”, y va de “apoyos, ratios, educación especial, convivencia escolar”.
El 4 se titula “La profesión docente”, y está dedicado a la “formación inicial, acceso, carrera (y a la) formación continua” de los educadores. Yo creo que ahí está el mayor intríngulis de este berenjenal compuesto de incertidumbre y futuro inmediato, creo que si sólo se pudiera tratar un asunto (menos mal que no, que nada es tan reductible), el asunto del profesorado es el eje sustancial, es la clave de bóveda del edificio y quizás incluso hasta, paradójicamente, su suelo.
El 5, “Estructura del sistema educativo”, se centra en los diversos niveles educativos, los escalones: las educaciones “Infantil, Primaria, ESO (se incluye la “titulación de ESO” como epígrafe de estudio para la Subcomisión), Bachillerato, acceso a la Universidad”.
El sexto punto se llama “Las redes de centros educativos” y está dedicado a “la enseñanza pública como pilar fundamental y el derecho a la Educación”, también a las enseñanzas concertada y privada, a la “financiación de las redes” y a la “supervisión y regulación” de las mismas.
“Ordenación académica. Currículo escolar y metodologías” es el título del punto número 7, aquel centrado en los “valores cívicos y constitucionales en el currículo”, en la “educación en igualdad” y en los “programas plurilingües”.
Al 8 se le llamó “Sistema educativo y modelo territorial”. Yo, como editor de libros de texto sólo puedo decir que el maremágnum curricular y de implantaciones territoriales es la gran amenaza permanente para la supervivencia de nuestro todavía tan necesario sector.
“Evaluación y calidad del sistema educativo” es el nombre del punto noveno.
El punto 10, “El centro educativo”, gira en torno a la “autonomía, gobernanza, transparencia y rendición de cuentas” del núcleo donde tienen lugar todas las experiencias de enseñanza-aprendizaje.
El 11, el 12 y el 13 llevan, respectivamente, como título, “Participación institucional y social de la comunidad educativa”, “Enseñanzas Artísticas Superiores” e “Investigación, desarrollo e innovación”.
Llegamos a uno de los que serán sin duda un escollo de dimensiones bíblicas. Hecho el chiste (malo), te puedo decir que es el dedicado a la “Enseñanza de las religiones”, esto es, a “la enseñanza de la religión en el sistema educativo”, a su “carácter y ubicación” y a la “atención a las diversas religiones, etapas y cursos, contenidos y profesorado”.
Y, por último, el punto número 15, la eterna cenicienta del sistema educativo español, aquella que en realidad debería de ser medular para poder acabar de una vez por todas con esta categorización de lo español como un país de universitarios por doquier y profesionales sin formación: el punto con el que se supone que se cierra el dificilísimo trabajo de la Subcomisión del Congreso de los Diputados para el Pacto Social y Político por la Educación es el titulado “La Formación Profesional”. Mucha atención, a juzgar por las gran cantidad de epígrafes que le dedica este punto, se presta a esta etapa que es considerada una de las grandes fracasadas del sistema educativo, aunque quien así lo piense probablemente no sabe que el problema cierto es que no logre atraer el número de estudiantes para formarse profesionalmente que una sociedad civil necesita.
La hora de la política
No va a ser nada fácil. Los 14 miembros de la Subcomisión, creada el 14 de febrero de 2017, tienen 15 escollos para despejar el camino a una de las principales demandas de los ciudadanos españoles. El Partido Popular cuenta en ella con tres vocales y con la coordinadora-presidenta de la Subcomisión, Teófila Martínez Saiz (durante veinte años, entre 1995 y 2015, alcaldesa de Cádiz); en tanto que los tres principales partidos de la oposición parlamentaria, el PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, tienen dos vocales cada uno en la misma; por uno para cada uno del resto de los partidos parlamentarios representados: los nacionalistas vascos de EAJ-PNV, la radicalmente separatista vasca Bildu, así como los separatistas catalanes del PDeCAT y de Esquerra Republicana.
Pongámosles nombres a los trece vocales de la Subcomisión que acompañan a la coordinadora y presidenta de la misma, Teófila Martínez: Joseba Andoni Agirretxea Urresti (EAJ-PNV), Manuel Cruz Rodríguez (PSOE), María del Carmen González Guinda (PP), Marta Martín Llaguno (Cs), Oskar Matute García de Jalón (Bildu), Guillermo Antonio Meijón Couselo (PSOE), Joan Mena Arca (Unidos Podemos…), Sergi Miquel i Valentí (PDeCAT); María Sandra Moneo Díez (PP), Joan Olòriz Serra (Esquerra), Santiago Pérez López (PP), Marta María Rivera de la Cruz (Cs) y Javier Sánchez Serna (Unidos Podemos…).
Cada asunto que se acuerde, cada punto, requiere dos cosas: una mayoría de tres quintos y el apoyo de al menos tres de los partidos representados en la Subcomisión. Y eso ya es un avance ostensible pues impide que ningún grupo parlamentario tenga capacidad de veto.
Es hora de hacer política, la auténtica. Aquella en la que a la sociedad civil nos va la vida.
