En la batalla por la vigencia plena de las ideas democráticas, la radio y la televisión públicas siguen teniendo un amplio campo en el que jugar un papel decisivo.
Hace menos de una semana, viajé a Santiago de Compostela para defender una vez más esa idea. Lo hice junto a mi colega Pedro Soler, periodista de larga trayectoria en RTVE, así como experto formador en competencias digitales y de comunicación.
Ambos –Pedro con mayor dedicación y empeño que yo, desde luego– hemos formado parte del grupo Teledetodos. Nuestro viaje coincidió con una serie de juicios y manifestaciones de los trabajadores de la CRTVG (Corporación Radio e Televisión de Galicia) contra las manipulaciones y atropellos de su dirección.
«La defensa de los medios públicos y el pluralismo, un derecho ciudadano» fue el lema que encabezó la convocatoria en el Centro Internacional de Prensa de Galicia.
En ese encuentro, traté de esbozar un cierto panorama de ataques a los medios públicos en países cercanos, como Francia, donde la retirada del impuesto o canon llamado rédévance –con el que se han financiado tradicionalmente los medios públicos– introduce la duda y la incertidumbre sobre su futuro, sobre todo de France Télévisions.
La financiación prevista en adelante, que se basa en sustituir la rédévance por el trasvase de una parte de la recaudación del IVA, cuestiona la independencia y «el porvenir de las empresas del sistema audiovisual público», según los sindicatos de periodistas de Francia.
Como RTVE, esos medios públicos de Francia quedan a merced de los vaivenes presupuestarios anuales y de la dudosa voluntad política gubernamental de seguir apoyándolos. Además, la actual ley de finanzas francesa no permite prolongar la nueva forma de financiación más allá de 2025. Algunos destacados expertos creen que ésta no es sino una falsa reforma impulsada por el presidente Emmanuel Macron.
«Una televisión financiada por el público es una televisión pública. Si la financia el Estado, se convertirá en una televisión estatal», dijo un comunicado del Syndicat National de Journalistes de France Télévisions. Los ciudadanos pagaban un canon anual que, calculado diariamente, equivale a 0,38 céntimos de euro por hogar y día: tres veces menos que cuesta una baguette de pan en cualquier panadería.
Los sindicatos de periodistas (SNJ, Force Ouvrière, SNJ-CGT, Sud) acusan al presidente Macron de suprimir el canon sin ofrecer una vía de financiación «alternativa y creíble» para así iniciar «el desmantelamiento progresivo» de las empresas del sistema público audiovisual de Francia, mientras TF1 y otras cadenas privadas afilan los dientes en espera de ese progresivo desmantelamiento (total o parcial) de France Télévisions.
En Italia, el ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, proviene del viejo partido postfascista Movimiento Social Italiano (MSI). Él tiene un largo recorrido como periodista en la RAI, en la que históricamente ha habido un reparto partidista de las influencias entre las principales fuerzas políticas (la llamada lotizzazione), una forma esquemática de pluralismo muy relativo.
En estos momentos, el gobierno de Giorgia Meloni, en el que está Sangiuliano como ministro, impulsa una estrategia de lucha por la hegemonía cultural de las derechas (La nueva batalla por la hegemonía cultural, Daniel Verdú, Babelia–El País, 16 de julio de 2023). Y los partidarios de ese impulso reaccionario, creen que « el mejor vehículo de propaganda del mensaje », de cualquier mensaje, son siempre «la televisión y el entretenimiento». Esto sucede después de que –en apariencia, al menos– durante décadas, la izquierda italiana pareciera dominar el mundo de la cultura desde los viejos tiempos de dominio y gobierno de la vieja Democracia Cristiana gobernara. La pregunta hoy es si estamos en la fase final de ese paradigma.
A diario, en Italia, la mayoría de los diarios muestra agresivos titulares berlusconianos, mientras todos sabemos que la familia (en todos los sentidos) controla el universo de la televisión privada del país y más allá. Es conocido que dicho modelo tiene bases firmes en España, a través del grupo Mediaset (Berlusconi).
En este sentido, la reciente oferta de Pier Silvio Berlusconi de compra de la Cadena Ser ha sembrado la alarma entre quienes seguimos creyendo que la concentración de medios es una amenaza contra el pluralismo democrático.
En el Reino Unido, el presidente de la BBC, Richard Sharp, un exbanquero de JPMorgan y Golden Sachs, tuvo que abandonar su puesto el 27 de junio pasado, tras conocerse hace casi un trimestre que había favorecido personalmente a Boris Johnson con un crédito (de 800.000 libras esterlinas) concedido en condiciones excesivamente ventajosas para Johnson. Añadamos que Sharp ha sido un donante generoso del Partido Conservador.
La crisis en la BBC pasa también horas muy bajas tras el simultáneo escándalo sexual que ha derribado a uno de sus principales estrellas, Huw Edwards, quien ha reconocido haber pagado grandes cantidades de dinero a cambio de las fotos explícitas y –quizás– de los favores de un adolescente (de diecisiste años) adicto al crack. Edwards es una figura relevante desde hace décadas: él fue el encargado de anunciar el fallecimiento de Isabel II y también el conductor de la cobertura especial de la BBC para las ceremonias del funeral de la soberana británica.
En la BBC, a los recortes del pasado, que afectaron sobre todo a su prestigioso servicio exterior (BBC World Service) en diversos idiomas, se suma ahora la supresión de emisoras locales, que está siendo contestada mediante una serie de movilizaciones del sindicato unitario National Union of Journalists (potente organización sindical de periodistas británicos). Esa «reinvención de la BBC» [sic] por parte de sus directivos no tiene en cuenta ni los hábitos, ni la fidelidad de los oyentes locales. De modo que en muchos lugares no faltan activistas ciudadanos que apoyan en la calle las protestas lideradas por el sindicato NUJ.
Recortes en la BBC Radio antes de celebrar su centenario
Los directivos de la BBC han elaborado un plan que pretende desviar la audiencia (que sigue siendo fiel y enorme en cuanto al número de oyentes) hacia sus plataformas digitales. Ese plan ha sido hecho público precisamente en fechas en las que se recuerda el inminente centenario de la BBC (como radio).
La información local es un terreno que siguen ocupando de manera destacada las radios públicas, es decir, la BBC como sistema abierto a todos, a la sociedad civil. En los lugares más apartados, los diarios digitales e impresos escasean y las radios privadas –subsumidas en el entramado de los oligopolios mediáticos– han perdido parte de su impacto informativo, por estar progresivamente subsumidos en el caos de la Red y en el entramado de los oligopolios mediáticos.
En la vecina República de Irlanda, la corporación audiovisual pública Raidió Teilifís Éireann (RTÉ) lleva semanas sufriendo un amplio desgaste de imagen por un escándalo de corrupción interna conocido como secret payment scandal que afecta sobre todo a su presentador estrella Ryan Tubridy, de quien ya se sabía que era el profesional mejor pagado de la RTÉ.
Se trata de alguien que en 2009 se negó a sufrir recorte alguno de sus enormes emolumentos: entre 2017 y 2022 cobró un total de 345.000 euros anuales de la RTÉ. En junio, se supo además que –al menos en los dos últimos años- había cobrado (en realidad) de la RTÉ hasta 500.000 euros anuales.
Esa diferencia con el salario conocido públicamente y el secreto de sus enormes suplementos y primas extras beneficiaba a Rubridy a través de una cuenta especial (barter account) establecida en una sociedad financiera con base en el Reino Unido.
A pesar de todo lo anterior, no cabe desconocer que en España acabamos de probar el contraste evidente entre los debates electorales celebrados –fallido el primero en una televisión privada, más neutrales después en TVE– antes de las elecciones del domingo 23 de julio de 2023.
Además, si la televisión como medio generalista ha dominado los momentos culminantes de los días de la campaña electoral, también las formas del debate, su realización y la respuesta de la audiencia han dejado claro que la radiotelevisión pública puede actuar a favor del pluralismo con más capacidad de equilibrio. Por eso, cada fallo en su estabilidad y en su proceso democrático interno, en la reducción de su apertura a la sociedad civil, nos hacen perder puntos de apoyo decisivos para la democracia.
La fallida elección del Consejo de Administración de RTVE mediante concurso público, que terminó volviendo al redil de los nombramientos partidistas sin que se llegara a anular el proceso legal, es ejemplo de que esos retrocesos afectan negativamente a la imagen del sistema audiovisual público ante la ciudadanía.
Sin embargo, la reapertura en 2013 de la ERT (Ellinikí Radiofonía Tileórasi, la radiotelevisión pública de Grecia), tras el cierre ordenado por el Gobierno griego en plena crisis financiera, con miles de despidos, sigue dando ánimos a los defensores de los medios públicos porque aquel país de la UE tuvo que reabrir un espacio para la radiotelevisión pública. En ese proceso, la European Broadcasting Union (UER, según sus siglas en francés y español) jugó un buen papel.
Algo muy similar sucedió en la Comunidad Valenciana (España) con el brusco apagón de Canal 9/RTVV en 2016 que desencadenó resistencias en el seno de la cadena, así como protestas, manifestaciones y acciones públicas que obligaron a las autoridades a generar un nuevo proyecto de televisión pública.
Ese proyecto terminó siendo reconducido hacia la creación de À Punt Media, donde vuelve a tener sitio la programación de servicio público de aquel territorio con lengua propia.
Un ejemplo quizá mejor del arraigo ciudadano que –por encima de las apariencias– pueden tener los servicios públicos audiovisuales fue el referéndum celebrado en Suiza (en 2018), que parecía iba a precipitar el fin rápido de las cadenas públicas de radio y televisión (RTS). Así lo predecían las encuestas entre los potenciales votantes de aquella «iniciativa popular», impulsada por una falsa percepción de rechazo del canon anual de 450 francos suizos (unos 470 euros) del que sale el presupuesto que financia los medios públicos suizos.
En aquel referéndum, celebrado el 4 de marzo de 2018, tras un amplio y detallado debate de las consecuencias que tendría el fin de la RTS, el 71,6 por ciento de los votantes decidió continuar sufragando el presupuesto de su radiotelevisión pública.
Fue el mejor ejemplo práctico de que si se explica bien a la ciudadanía ésta parece bien dispuesta a apoyar esa herramienta decisiva de las democracias europeas.
Un mecanismo que podemos considerar clave para la defensa de la pluralidad en la UE, lo mismo que un freno ante el persistente peligro de concentración mediática.
Fallecido Silvio Berlusconi, el riesgo de berlusconización no ha desaparecido de Europa.
Todo lo público que tenga la menor posibilidad de ser rentable va a ser objeto de la ambición de los grandes capitalistas. Si además, como en este caso, se trata de una llave de nuestros cerebros, miel sobre hojuelas