Los Estados de América del Sur forman una comunidad que se distingue por una serie de rasgos comunes debido a sus origines en la historia, la cultura, las rivalidades políticas y la diversidad. Sin embargo, esta región no ha dejado de experimentar modelos en busca de la estabilidad política, un imprescindible requisito para conseguir el deseado desarrollo humano y económico.
A lo largo de dos siglos, después de la ola de las independencias en el siglo XXI, los pueblos debían asumir las angustias generadas por la aplicación de distintos modelos políticos como la monarquía, la oligarquía, el fascismo, los regimenes militares, revolucionarios, autoritarios, dictatoriales o presidencialistas. Actualmente, América Latina atraviesa una fase de estabilidad política gracias a la adhesión a los conceptos democráticos y la voluntad de instaurar la justicia social. El pulso democrático, que se ha convertido en el rasgo más destacado de la mayoría de los Estados, invita a hacer un diagnóstico de los problemas que padece la región y formular las soluciones que se podrían ayudar a trascender la confusión en la que viene los pueblos latino-americanos.
Los retos actuales
El análisis de la situación actual del mundo permite constatar que América Latina afronta problemas estructurales como consecuencia de largos periodos de inestabilidad política, de aplicación de varios modelos políticos y económicos importados o la persistencia de prácticas que debilitan las instituciones democráticas.
Los principales problemas de la región son al fin y al acabo los mismos que padecen las demás poblaciones del tercer mundo. Sin embargo, en América Latina la marginalización de algunos colectivos sociales como la mujer y los indígenas, y la quiebra de la credibilidad de los políticos, siguen siendo una lacra común.
Durante décadas, los líderes sudamericanos estaban buscando un modelo que conduzca a la integración regional, la fortaleza de la identidad latinoamericana, la erradicación de la corrupción y la violencia política. El repaso de los cambios experimentados en determinados países, permite notar una tradición democrática y la preocupación por el bienestar de la población. En este contexto, es lógico resaltar la experiencia de dos países, Argentina y Chile, donde sus elites se empeñan en instaurar una verdadera democracia para extirpar las desigualdades, la injusticia y la exclusión social. En otros, las elites se preocupan por el aspecto económico para erradicar los desfases que existen entre las distintas categorías sociales. Asistimos también a la emergencia de regímenes, como es el caso de Cuba y Venezuela que usan la política exterior como plataforma doctrinal en busca de la legitimidad popular.
En general, se trata de un continente de contrastes donde coexisten comunidades étnicas y culturales, periferias desamparadas y metrópolis desbordadas, núcleos de colectivos pobres, corrientes ideológicos opuestos y modelos de desarrollo incomparables. Este panorama hace más delicada aun la misión de determinar los verdaderos problemas que dificultan un desarrollo equilibrado en todos los ámbitos y los que necesitan una solución urgente.
Pese a todo, asistimos a una perpetúa dinámica de transición democrática. Notamos también una propensión a aplicar políticas económicas aplicadas en otras áreas del mundo como los procesos de privatizaciones, el proteccionismo, los planes de planificación o la adhesión al libre comercio.
Un descontento casi generalizado se empara de la opinión pública que a veces censura sin paliativos la falta de compromiso de los partidos políticos hacia las preocupaciones de las masas y de transparencia en la toma de decisiones de ámbito nacional. La preocupación por el provenir de la democracia sigue siendo tanto importante como la aspiración a una sociedad justa, sin desigualdades ni exclusión.
¿Cómo satisfacer las demandas populares?
Numerosos estudios han sido elaborados por teóricos para medir el grado de descontento de los pueblos latinoamericanos para poder conocer los motivos de la ruptura entre las masas y las elites del poder.
Por la diversidad de las demandas populares en América del Sur, los problemas están al orden del día. Para mejorar la imagen de los gobernantes, sería legítimo restaurar la confianza en las instituciones políticas. En este contexto, los partidos políticos asumen una gran parte de la culpa puesto que el descontento de los ciudadanos por las actuaciones de los partidos está extendido. Ante la degradación de las condiciones de vida y la proliferación de males sociales, como la corrupción, el nepotismo y el favoritismo, la única vía que conduciría a la recuperación de esta confianza sería el fortalecimiento del Estado de derecho. Es un requisito imprescindible que permitirá a todos los ciudadanos participar en la edificación de una sociedad justa y democrática.
No sólo las instituciones políticas son afectadas. La sociedad civil asume también el papel de encaminar las demandas e iniciativas colectivas. En el terreno, su aportación garantizaría la estabilidad social y traduciría las iniciativas políticas. Además, el éxito de las medidas tomadas por los políticos se valora según el grado de su aceptación por parte de la opinión pública.
Como en las democracias representativas, la estabilidad política y social en los países latinoamericanos dependería del apoyo al programa de acción de los gobiernos gracias a una mayoría suficiente. De modo que el diálogo entre actores políticos y sociales, permitiría al final evitar conflictos entre gobernantes y contribuyentes. Como ocurre en las tradicionales democracias, la paz social fortalece la sociedad civil en un contexto democrático. Con esta premisa, su intervención sería un acto determinante en la erradicación de las malas prácticas que amenazan la buena gobernanza y la cohesión social.
La comunidad de interés invita así a encauzar todos los esfuerzos hacia las cuestiones prioritarias como la manera de remediar las carencias en materia de salud, de educación, de infraestructuras, del control de la inflación, la creación de oportunidades de empleo, la reducción de los flujos migratorios o de la regulación del mercado laboral. Este planteamiento se inscribe en la preocupación por la protección de los logros democráticos para evitar la anarquía y el regreso del autoritarismo.
En este sentido, el sufragio universal es la expresión más clara de la voluntad popular para triunfo de los valores democráticos. Este requisito garantiza también la implicación de la comunidad en la doctrina de lucha contra toda forma de desigualdad y de exclusión y amplia el espacio de la participación ciudadana.
La adhesión a un proyecto colectivo que garantice el acceso universal a los servicios públicos es, al final, una decisión voluntaria que consolida la confianza en el sistema democrático y en instituciones. Para afianzar el concepto democrático, intervienen también los medios de comunicación de masas que desempeñan, en el marco de la libertad de expresión, un papel de dignificación de las conductas correctas y de censura de las actitudes antidemocráticas y anti populares. Es la razón por la cual, los actores políticos y de opinión se apoyan en estos medios en busca de reconocimiento de sus acciones y de legitimidad de parte las masas y además de las instituciones a las que pertenecen.
