La recuperación de sus tierras confiscadas por el Estado chileno y también de sus derechos políticos son urgentes para los mapuches, víctimas de una crónica desigualdad expresada en déficits de educación, salud y vivienda, a la que suma una marginación cultural que incluye al mapudungun, su lengua nativa, informa Orlando Milesi (IPS) desde Santiago.
Los pueblos originarios representan 2,7 de los 19,5 millones de chilenos, en que 80 por ciento de ellos son mapuches y con la mitad de sus miembros alejados de sus tierras nativas y viviendo en dentro del área metropolitana de Santiago.
Galvarino Reimán preside la comunidad Millahuincul, en el municipio de Traiguén, a 650 kilómetros al sur de Santiago, que reúne a diez familias. Poseen un territorio de doscientas hectáreas donde producen trigo, avena, alfalfa, junto con pequeños cultivos de hortalizas y algún ganado vacuno.
«Lo urgente hoy día es resolver el tema de la restitución de tierras. Esa es la raíz de todo el resto de los problemas», dijo a IPS desde Traiguén, un municipio en que se ubica su asentamiento, dentro de la sureña región de La Araucanía, donde vive 14,7 por ciento de los mapuches.
Plantea que la devolución de tierras debería hacerse en «un marco de acuerdo político, de un nuevo tratado, un nuevo orden de relación institucional del Estado chileno con el pueblo mapuche».
La pérdida de tierras de los mapuches se acentuó durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando muchas de sus tierras fueron confiscadas y traspasadas a empresas forestales o vendidas a privados. Mientras, los indígenas fueron perseguidos en sus conflictos por la tierra y en algunos casos castigados bajo la ley antiterrorista de 1984.
Según la también mapuche Elisa Loncón, académica de la pública Universidad de Santiago, «para que un pueblo exista tiene que tener su territorio, es fundamental. Si perdemos el territorio se diluye esa comunidad de pueblo».
Ella es también originaria de Traiguén, de una pequeñísima comunidad llamada Nahuelvan, un «nombre castellanizado», advirtió.
«Mi padre y madre tuvieron que comprar tierra para poder estar allí pues las nuestras fueron ocupadas. Actualmente tenemos siete hectáreas que ellos dejaron y somos siete hermanos», contó a IPS.
Pero por muy importante que sea la tierra, subrayó que las políticas tienen que ir más allá de lo territorial.
«El pueblo mapuche tiene derechos políticos. Todos los pueblos tienen derechos para tomar decisiones respecto a materias que son propias. Lo que no puede continuar es que los no nuestros tomen decisiones por nosotros», aseveró.
Una nueva iniciativa gubernamental
El presidente chileno de izquierda Gabriel Boric, en el cargo desde marzo de 2022, admite la existencia de una deuda histórica con el pueblo mapuche. Para intentar saldarla, creó el 21 de junio una Comisión para la Paz y el Entendimiento, integrada por ocho personalidades de un amplio espectro político, cuatro de origen mapuche.
La comisión debe entregar sus conclusiones a fines de 2024, con el mandato de proponer cambios políticos y legislativos viables «para dar una respuesta adecuada a un problema que está entrampado hace demasiados años asociado a la demanda de tierras», dijo.
Es necesario alcanzar «una solución duradera y sostenible del conflicto que existe interculturalmente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche», subrayó el gobernante.
Una Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada en enero del 2001 por el entonces presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), reconoció por primera vez oficialmente el despojo e incluso el genocidio de que han sido víctimas los mapuches, en su informe conclusivo de octubre del 2003.
Para el senador democratacristiano de origen mapuche Francisco Huenchumilla, uno de los designados por Boric en la nueva comisión, lo urgente es definir qué hará el Estado ante la interpelación sobre tierras.
Abogó por precisar cuántas tierras se han entregado, cuánta es la demanda real de las comunidades indígenas, cuánta es la tierra disponible y qué pasa con las que poseen las empresas forestales.
Un problema adicional es que hay ciudades como Temuco y pueblos como Chol Chol y Lumaco que fueron construidos sobre tierras con títulos de merced (concesiones) dentro de territorios arrebatados a los mapuches.
Reiman admite que devolver tierras es difícil «porque tiene que ver con intereses patrimoniales que están en manos de grandes compañías forestales y grandes latifundistas».
La violencia acecha a comunidades indígenas
Varias partes de la Araucanía viven hoy en estado de emergencia, con policías y militares desplegados para enfrentar ataques armados e incendios provocados en haciendas, maquinarias e incluso escuelas e iglesias. Esta violencia ha cobrado vidas y mantiene en prisión a mapuches involucrados.
Reiman sostiene que es urgente abordarla: «Veo que hay una distorsión en la lucha mapuche y las comunidades nos podemos transformar en el ‘jamón del sandwich’ entre narcotraficantes, paramilitares y la represión del Estado. Y allí, los únicos perdedores vamos a ser las comunidades», comentó.
Para el dirigente comunitario mapuche, esto es consecuencia de que «el Estado chileno no responde al tema de la demanda de tierras y se van generando ciertas ideologías o grupos que después, planteando una lucha revolucionaria, como lo expresan ellos, se contraponen a lo que es la lucha de un pueblo».
«El pueblo mapuche tiene todos sus elementos culturales con los cuales hace que no sea una lucha ideológica sino una lucha cultural de un pueblo por la soberanía y la libre determinación mapuche», afirmó.
Reiman critica lo que califica como «tozudez» del Estado chileno por «no aceptar una deuda, reconocer su historia y una práctica contra un pueblo. Inclusive estableció el Tratado de Tapihue, de 1825, donde se acordó la forma y la manera de relacionarse y eso fue trasgredido claramente por el Estado chileno».
Para el dirigente la situación ha ido empeorando y «hoy día estamos en dos cuestiones complicadas. El Estado, por un lado, y la violencia extrema que hoy ya no tiene dirección».
A su juicio, «claramente a los grupos más radicales de extrema izquierda ideologizada y extrema derecha, no le conviene para nada que se avance por la vía institucional en un entendimiento y un dialogo porque así pierden sus negocios».
De hecho, los pueblos originarios estuvieron cerca de un avance histórico, co el reconocimiento de Chile como un Estado Plurinacional y la incorporación de sus derechos, que fueron ampliamente incluidos en el texto constitucional propuesto por una Convención Constitucional de 151 miembros electos, donde había diecisiete representantes indígenas.
Pero ese avance y otros fueron rechazados en un plebiscito en septiembre de 2022.
Ahora redacta un nuevo texto un Consejo Constitucional de cincuenta miembros electos más un representante mapuche, con una mayoría perteneciente al ultraderechista partido Republicano, en cuyo texto provisional solo hay siete líneas dedicadas a los pueblos indígenas.
Otras formas de violencia contra mapuches
María Hueichaqueo, de la Asociación Indígena Mapuche Taiñ Adkimn y profesora de cultura indígena en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, refiere otras formas de violencia contra los mapuches.
«Ha costado que el ministerio de Salud entienda las diferencias en la forma de sanar a la población indígena. La medicina indígena es a través de nuestras autoridades espirituales, de nuestras machis», aseveró en diálogo con IPS.
Denuncia también violencias que sufren niños y niñas indígenas en las comunidades solo por el hecho de hablar mapudungun y añade que en la educación hay una enorme brecha entre indígenas y no indígenas.
Cuenta que muchas familias indígenas con un promedio de cinco a ocho integrantes viven en casas con espacios para una o dos personas.
La profesora Hueichaqueo acusa también que hay un trato social denigrante contra el mayor pueblo originario chileno.
«Nos miran en forma bastante despectiva. Es cosa de ver cómo se ha diseñado la política pública. Si va un lamien (hermano) hablando mapudungun, la funcionaria le pide que hable en castellano. Ella debería atenderlo porque es funcionaria pública que entrega un servicio a la comunidad», relató.
«Lamentablemente en Chile a los pueblos indígenas no se nos ve como sujetos de derecho sino como sujetos que generamos conflictos, problemas, terrorismo y otros conceptos negativos. Y somos estigmatizados diciendo que somos flojos, cochinos (sucios), alcohólicos, que no trabajamos la tierra», enumeró.
Loncón ha sufrido un acoso por utilizar, hasta el 4 de julio, un año sabático en la Universidad de Santiago. Sectores de derecha con respaldo de algunos medios exigieron que informe en detalle sus actividades porque ellas tienen financiamiento estatal. Un hecho al que no han estado sujetos otros colegas que también se han tomado un año de asueto.
«Lo que pasa es que los indígenas hemos vivido en un contexto de violencia desde que se instaló la conquista del Estado hasta nuestros días. Sin ir más lejos, toda la violencia de la cual yo he sido objeto: racista, patriarcal, política», dijo.
«No he hecho daño a nadie y he tratado de entregar lo mejor que puedo para la sociedad chilena y para los pueblos originarios. Me he preocupado porque esto sea un acto ético y moral, como me enseñaron que tenía que ser el trabajo de una mujer indígena. Lo aprendí de la familia y desde las instituciones que me formaron», indicó.
