El amanecer de las bibliotecas como bien público: el caso de Vallecas

Con mi agradecimiento a Paloma Gil Alonso, directora de la Biblioteca Pública Municipal de Vallecas.

Inocencia Soria¹

A principios de siglo XIX en los países anglosajones surgen bibliotecas dependientes de los Estados y de organizaciones religiosas. También las incipientes asociaciones obreras intentan poner el libro a disposición de las clases que –en el pasado- no habían tenido acceso a la cultura. En España, el nacimiento de las bibliotecas públicas es más tardío que en el resto del mundo occidental.

Las primeras bibliotecas públicas en España están ligadas a los procesos de la desamortización eclesiástica. Durante el siglo XIX, los gobiernos liberales respaldaron  en varias ocasiones leyes destinadas a expropiar bienes de las comunidades religiosas para pasarlos a manos privadas y al Estado. Así nacen, en 1838, durante la regencia de María Cristina, las primeras bibliotecas públicas provinciales con el fin de conservar los fondos de las instituciones religiosas desaparecidas durante las primeras leyes desamortizadoras. Instaladas en muchos casos en los institutos de segunda enseñanza de las capitales de provincia, más que difusoras de cultura, estas bibliotecas públicas provinciales constituyen un sistema de recogida y conservación del patrimonio bibliográfico. Dada su procedencia, la mayor parte de sus fondos no debían ser muy sugestivos para atraer a nuevos lectores.

Posteriormente, en 1857, la Ley de Instrucción Pública, propiciada por el ministro de Fomento Claudio Moyano, aparte de la obligatoriedad de la enseñanza primaria de 6 a 9 años, prevé que “el Gobierno promoverá los aumentos y mejoras de las Bibliotecas existentes: cuidará de que en ninguna provincia deje de haber, lo menos una Biblioteca pública y dictará las disposiciones convenientes para que en cada una haya aquellas obras cuya lectura pueda ser más útil, atendidas las circunstancias especiales de la localidad y del establecimiento a que corresponda”.

Un mayor impulso para la lectura pública se produce durante la revolución denominada La Gloriosa -en 1868- con los ministros progresistas de Fomento Manuel Ruiz Zorrilla y José de Echegaray. Un decreto de 1869 crea las bibliotecas populares dirigidas a completar la enseñanza. Como medida inicial, la petición de los lotes de libros para estas nuevas  bibliotecas que corría a cuenta de los distintos ayuntamientos. Se instalarían en las escuelas, al cuidado de los maestros o en el propio ayuntamiento. En el curso 1869-1870, se pusieron en funcionamiento 93 pequeñas bibliotecas  cuyos fondos oscilaban entre 150 y 200 títulos.

En los apéndices de la Memoria que el jefe de negociado Felipe Picatoste presenta -en 1870- al entonces ministro de Fomento, José Echegaray, se analizan las bibliotecas instituidas y se relacionan las que han sido solicitadas por ayuntamientos, corporaciones o particulares. El nombre de Vallecas aparece en la página 120 entre las solicitadas por el señor gobernador, pero no consta que se pusiera efectivamente en marcha (Picatoste 1870, 120).

A finales de 1882 se habían establecido 746 bibliotecas tanto en capitales como en pueblos de cierta importancia. Pero muchas de estas bibliotecas van a ir desapareciendo paulatinamente hasta quedar reducidas a nada al extinguirse el espíritu de la revolución que les había dado vida y el apoyo gubernamental.

Las primeras bibliotecas públicas del siglo XX

Habrá que esperar a la segunda década del siglo XX para un nuevo impulso de creación de bibliotecas públicas, gracias a la legislación promovida entre 1911 y 1915.

El proyecto pionero es el de la Red de Bibliotecas Públicas de Cataluña, que comienza a funcionar en 1915 con personal de la recién creada Escuela de Bibliotecarias. Cuenta como cabecera del sistema con la Biblioteca de Cataluña -abierta en 1907- propiciada por la Mancomunidad que ya gozaba de cierta autonomía. En 1925, esa red tenía ocho bibliotecas.

Mención especial cabe hacer del movimiento bibliotecario asturiano, terreno abonado por Melquiades Álvarez, fundador del Partido Reformista -en 1913- y por los ateneos obreros. Poco antes de iniciarse la guerra civil había 79 ateneos en Asturias, con sus correspondientes bibliotecas, la más importante la Biblioteca Circulante del Ateneo Obrero de Gijón que se había constituido en 1904 y funcionaba con una pequeña cuota de sus socios. Con impulso de la Residencia de Estudiantes y con apoyo de mecenas indianos, a partir de 1917 se crearon bibliotecas populares en Cangas de Onís, Avilés, Luarca, Mieres, LLanes, Sama de Langreo y muchas más (García Ejarque 2000, 173).

En Madrid, la primera Biblioteca Popular se inauguró en 1915 en Chamberí. Ese mismo año se abrió la de la Inclusa en la Ronda de Toledo y en los años siguientes las de Buenavista, Hospicio, La Latina y Gran Vía.

Bibliotecas de la República

En la Segunda República se realizó un esfuerzo sin igual en los ámbitos escolar y bibliotecario. Según el Censo de 1930, el 40 % de la población del país era analfabeta, con cifras todavía superiores en el medio rural y entre las mujeres (Redondo Abal 2012). Desde abril de 1931 se legisló intensamente para multiplicar bibliotecas, escuelas y maestros.

La política bibliotecaria se encomendó a dos organismos creados por el régimen republicano: el Patronato de Misiones Pedagógicas y la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros (JIAL). Ambas instituciones se ocuparon simultáneamente del fomento de bibliotecas, pero mientras que el Patronato proveía de colecciones de libros a las escuelas de pequeñas poblaciones, dentro de un programa mucho más amplio de extensión cultural, la Junta se ocupaba preferentemente de municipios más grandes (Boza 2004).

Desde su origen en mayo de 1931, el Patronato, que contaba entre sus vocales con figuras de la talla de Antonio Machado o Pedro Salinas, se acercó con sus charlas, proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales, etcétera, a numerosas aldeas. El 60 % de su presupuesto estuvo dedicado al Servicio de Bibliotecas, coordinado por el poeta Luis Cernuda y los bibliotecarios María Moliner y Juan Vicens de la Llave.

En junio de 1936 existían ya, dependientes del Patronato, 5522 bibliotecas de 100 volúmenes enviadas, previa petición, a aldeas y pequeños núcleos de población mal comunicados en una caja junto con indicaciones para su conservación y fichas para el control de préstamos. Se instalaron mayoritariamente en las escuelas, donde el maestro jugó también el papel de bibliotecario, prestando el servicio sin retribución alguna.

En una Memoria del Patronato de Misiones Pedagógicas, correspondiente a las actividades desarrolladas desde septiembre de 1931 a diciembre de 1933, se informa de que, de las 3506 bibliotecas adjudicadas en ese período de tiempo, correspondieron 33 a Madrid (capital) y 97 a Madrid (provincia). Dentro de la distribución por localidades aparece la concesión a escuelas nacionales de una biblioteca en el Puente de Vallecas y otras dos en la Villa de Vallecas (Patronato de Misiones Pedagógicas 1934, 174).

Por otro lado, en noviembre de 1931 se crea la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas (JIAL) que se ocupará, además de la adquisición de obras para las bibliotecas estatales y otros centros, de la planificación del sistema bibliotecario y de la puesta en marcha de bibliotecas municipales preferentemente en municipios mayores de 1000 habitantes.

Vallecas y su biblioteca municipal

El 13 de junio de 1932, con  Fernando de los Ríos como  ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, se aprueba el decreto de Bibliotecas Municipales. Se dispone que cualquier municipio en cuyo término no exista Biblioteca Pública del Estado pueda solicitar a la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros la creación de una Biblioteca municipal.

Éste es el decreto que afecta al origen de la Biblioteca Pública Municipal de Vallecas, dado que Vallecas no estaba todavía integrado en Madrid (hasta 1950 no se producirá su anexión definitiva) y era un municipio independiente del que formaban parte el Puente y la Villa de Vallecas.

En virtud del decreto, los ayuntamientos tenían que comprometerse a ofrecer un local, con apertura al menos de cuatro horas al día y encargarse del personal para atenderlas. A cambio se les  entregaba un lote fundacional cuya cuantía variaba dependiendo del número de habitantes del municipio. Se incluían las instrucciones para su organización y funcionamiento y las fichas para formar los catálogos correspondientes. Posteriormente el Estado seguía incrementando la colección dando preferencia en los repartos a los municipios que destinasen alguna cantidad a la compra de libros y, en ese caso, recibían por parte del Estado lotes por el doble de la cantidad que el pueblo invertía. En la fachada debía aparecer en sitio visible un rotulo “Biblioteca Pública Municipal” así como un anuncio donde se fijara el horario de acceso libre y gratuito. Todavía la actual Biblioteca Pública Municipal de Vallecas conserva el rótulo original formado por azulejos.

Los presupuestos para las bibliotecas municipales no fueron uniformes durante toda la República, rebajándose en los años del bienio negro. Se tenía previsto crear 100 bibliotecas anuales, cifra que solo se alcanzó el primer año. El número se redujo al año siguiente a 64 y a 36 en 1935. En total cuando estalló la guerra se habían creado 200, entre ellas la Biblioteca Municipal de Vallecas y la de Chamartín.

Muchos datos de las bibliotecas durante la II República los conocemos a través del bibliotecario Juan Vicens de la Llave, quien ejerció como inspector de las Bibliotecas Públicas Municipales de la Junta de Intercambio y de las Misiones de Pedagógicas. En 1936 había recorrido más de 100 pueblos de todas las provincias españolas redactando informes y resolviendo  dudas (Martínez Rus, 2003).

La mayoría de las bibliotecas estaban en manos de los maestros. Los bibliotecarios profesionales, miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, encargados de las bibliotecas públicas estatales, aun considerando muy loable la labor de los maestros, reivindicaban que no debían suplir a los bibliotecarios. Con todo, en España había en ese momento 126 bibliotecarios profesionales frente a 46.260 maestros de primaria, 2051 profesores de instituto y 1357 profesores de universidad. En cualquier caso, la idea más extendida era que las poblaciones de más de 30.000 habitantes, como era el caso del Municipio de Vallecas, debían tener biblioteca pública dirigida por un profesional.

Vallecas tenía aproximadamente 60.000 habitantes, de los cuales 5000 vivían en el Pueblo y los restantes en el Puente. Tradicionalmente había existido cierta rivalidad entre el Puente y el Pueblo debido a que el Puente contaba con muchos más habitantes, pero con menos recursos. Mientras la Villa permanecía como una zona rural, la zona del Puente, por su proximidad a Atocha se configuró como una paupérrima área residencial para la mano de obra barata que la capital iba necesitando con infraviviendas construidas de manera anárquica sin agua corriente, asfaltado o iluminación (Bóveda 2009).

Según el censo de 1930, algo más de la mitad de la población vallecana era analfabeta y había falta de cobertura de la enseñanza primaria sin contar con la carencia absoluta de secundaria o bachiller. Al abrigo de las Casas del Pueblo, en los años 20 se habían implantado sociedades de oficios varios y escuelas racionalistas dedicadas a la enseñanza de la clase obrera  con unos supuestos pedagógicos progresistas. Uno de sus maestros, el socialista Amós Acero, llegará a ser el primer alcalde democrático de Vallecas (Elorriaga 2001).    (continuará)

1. Inocencia Soria es directora técnica de la Biblioteca Central Militar
2. El amanecer de las bibliotecas como bien público: el caso de Vallecas (2)
3. El amanecer de las bibliotecas populares. El caso de Vallecas (y 3)