Amnistía presenta en México querella por los crímenes del franquismo

Amnistía Internacional presenta, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) una demanda judicial ante la Procuraduría General mexicana por el caso de Félix Llorente Gutiérrez, ferroviario y sindicalista, quien desapareció después de ser detenido y trasladado a la prisión de Medina del Campo en julio de 1936.

Las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra civil y el franquismo, que se encuentran con las puertas de la justicia cerradas en España, se ven forzadas a buscar la verdad, justicia y reparación en otros países, señala Amnistía Internacional.

Las organizaciones han entregado este 26 de enero de 2016 en la Procuraduría General de la República (PGR) de México una denuncia por la desaparición de Félix Llorente Gutiérrez, ferroviario de 27 años, que tuvo lugar en agosto de 1936 en Medina del Campo, Valladolid. Félix fue detenido el 28 de julio y desapareció el 15 de agosto al ser trasladado a otra prisión, según lo reconocido por las mismas autoridades.

La querella denuncia que se cometió un delito de desaparición forzada en el contexto de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, ya que a día de hoy se desconoce la suerte o el paradero de Félix y no se ha efectuado ninguna investigación por parte de las autoridades españolas para esclarecer los hechos.

«España ni investiga ni permite a otros países investigar estos terribles crímenes, como hemos visto con la querella argentina, por lo que es necesario explorar otras vías», ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. «Esperamos y confiamos en que México nos apoye a la hora de obtener lo que las víctimas llevan años buscando: conocer el paradero de sus familiares y acceder a la justicia y la reparación», añade.

“Desde hace años venimos buscando la verdad y esperamos que la justicia mexicana nos ayude a encontrarla, ya que, como miles de familias de desaparecidos en España, no hemos contado con el apoyo de las instituciones españolas para obtener información”, ha declarado Anaïs Huerta, la denunciante, quien actualmente reside en México y que emprendió, junto con su padre, un proceso de búsqueda de su familiar hace ya cinco años.

Amnistía Internacional, la CMDPDH y la FIDH han pedido a la Procuraduría General de la República en México que inicie, sin dilación, una investigación exhaustiva sobre la desaparición forzada de Félix Llorente Gutiérrez, ya que por la especial gravedad que revisten los hechos ocurridos y el contexto en el que se cometieron constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, deben ser investigados en otros países, entre ellos México.

“Es crucial que las autoridades mexicanas emprendan todas las diligencias de prueba necesarias para el esclarecimiento de este caso, y garanticen, a su vez, el derecho a la verdad, justicia y reparación de Anaïs Huerta”, señaló Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

España, basta de excusas

Las organizaciones resaltaron que durante esta investigación que se busca impulsar en México, el Gobierno español, debe colaborar plenamente en cualquier solicitud de asistencia jurídica mutua en materia penal emitida por autoridades mexicanas que decidan investigar estos crímenes cometidos en España: “El Estado español debe dejar de lado las excusas y aceptar sus obligaciones internacionales: son ya más de 40 años sin avances”, denuncia Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Las organizaciones piden al nuevo Gobierno y al nuevo Parlamento, que serán constituidos en los próximos meses, que tome una serie de medidas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la guerra civil y el franquismo:

• Que se asegure que la Ley de Amnistía no supone un obstáculo para investigar crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo.
• Que se asegure de que se adopten medidas inmediatas para garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional.
• Que se ratifique prontamente y sin reservas la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.

«Los víctimas están falleciendo, y no podemos dejar que crímenes lesa humanidad permanezcan impunes», asegura Ignacio Jovtis, investigador de AI.

México se sitúa como un actor relevante para ayudar a luchar contra la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos. Por un lado, cuenta con una legislación adecuada que permitiría la investigación de estos casos. Tanto la reforma constitucional de 2011, que establece que los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales tienen vigencia plena en el país y deben ser respetados por todas las autoridades; como el hecho de que ha reconocido el carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana, le colocan en una situación interesante que habilitaría la investigación de estas graves violaciones de derechos humanos.

“Esta es una oportunidad para que México, donde más de 27.000 personas se encuentran desaparecidos, impulse un cambio e investigue las graves violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, tanto en el propio como en otros países”, ha asegurado Perseo Quiroz.

Sin respuesta en España

Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen siendo denegados en España. Las autoridades no han llevado a cabo ninguna investigación judicial exhaustiva para conocer la verdad de las circunstancias que rodearon los abusos cometidos durante este período.

Después de intentos frustrados durante la década de los noventa y las reclamaciones que se llevaron a cabo para que se investigaran homicidios y desapariciones forzadas, y que se exhumaran los restos de las personas enterradas (sin contar con una respuesta adecuada por parte del Gobierno español), el 14 de diciembre de 2006, víctimas, familiares y asociaciones interpusieron una querella ante la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, a la que se fueron sumando las denuncias que daban cuenta de 114.266 desapariciones forzadas y otros delitos entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951.

La tendencia al archivo de los casos se ha consolidado después de que en 2012 el Tribunal Supremo se amparara en varios argumentos que podrían impedir a los jueces investigar. Entre ellos, la existencia de la ley de Amnistía, la posibilidad de la prescripción del delito o que los crímenes no estuvieran tipificados como tal en el momento en que tuvieron lugar, el presunto fallecimiento de los autores o la Ley de Memoria Histórica.

Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que el derecho internacional prohibía y condenaba, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros actos que pueden enmarcarse como crímenes contra la humanidad.

Amnistía Internacional ha publicado varios informes en los que documenta la indefensión de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo por la tendencia continuada de los jueces españoles al archivo y la falta de investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante esta época.

En los últimos dos años, al menos 5 mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar y le han recomendado que cumpla con sus obligaciones internacionales para llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y que colabore con otras naciones que pretendan iniciar investigaciones.