A menos de un mes de la muerte de Henry Kissinger ocurrida este 29 de noviembre 2023, poco más de quince millones de chilenos deberán decidir el próximo domingo 17 si aprueban o no una nueva constitución.
Este plebiscito de voto obligatorio, es una de las consecuencias de su criminal intervención en la gestación del golpe militar pinochetista que el 11 de septiembre de 1973 destituyó al presidente constitucional, Salvador Allende.
La intervención en Chile del entonces poderosísimo Kissinger, fallecido sin haber sido juzgado por crímenes contra muchos países, ha causado perjuicios sin fin.
Respaldado por Nixon y la CIA, pagó para generar odios y desbasto, secuestros y asesinatos y finalmente el bombardeo del palacio presidencial de La Moneda con Allende dentro.
Y dejó como herencia la polarización entre izquierda y derecha, y heridas que las cinco décadas transcurridas no han podido cerrar.
Es incierta y difícil la situación en vísperas del nuevo plebiscito sobre el proyecto que redactaron veinticuatro personas mayoritariamente de derecha, designadas por el Congreso; que revisó una comisión de expertos y entregó el 7 de noviembre.
Hay temor de repetir el fracaso del anterior, hecho por personas sin saberes legales o políticos, y rechazado el pasado septiembre.
Todo este proceso que parece el cuento de nunca acabar, se inició en octubre de 2019, cuando el entonces presidente Sebastián Piñera, único de derecha en llegar al poder tras la vuelta a la democracia en 1990, convocó a una nueva constitución para zafarse del descontento manifiesto en multitudinarias marchas que exigían mayor igualdad y mejores servicios de salud y educación.
Se ha dicho desde entonces, que Chile debía deshacerse «de la constitución de la dictadura».
Pero no es así, porque la constitución de Pinochet fue reformada por el presidente socialista Ricardo Lagos, lleva su firma y la de los integrantes de su gabinete y rige desde 2006.
Y tal vez bastaría con modernizarla con temas de derechos humanos, mujeres, medio ambiente y delincuencia organizada, que entonces no estaban en la agenda o fueron vetados por la derecha.
Y aunque la mayoría quiere cerrar la discusión constitucional y terminar con el cansancio por algo que no ha cuajado y ha costado millones necesarios para otras prioridades, este próximo domingo deberán aprobar o rechazar un texto de diecisiete capítulos.
Que rebaja el número de diputados a 138, establece paridad de género, un mínimo del cinco por ciento de los votos válidos para tener escaños legislativos, el cese de diputados o senadores que renuncien al partido que los postuló y mecanismos para la participación política de los indígenas, que son el doce por ciento la población.
Uno de los asuntos más polémicos ha sido el relativo a las mujeres, porque izquierdistas encabezadas por la dos veces presidenta socialista Michelle Bachelet, aseguran que deroga el aborto en tres causales establecido en 2017.
Le han respondido mujeres de izquierda y derecha, tachándola de mentirosa.
Entre ellas, las exministras Mariana Aylwin y Ximena Rincón, quien fue su secretaria de Gobierno en el segundo mandato presidencial, y dijo estar desilusionada e impactada porque sus falsedades contribuyen a la desunión.
Y Evelyn Matthei, una de las dos cartas fuertes de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, que reviró que el proyecto da por vez primera «rango constitucional» a temas centrales para las mujeres.
Como igualdad salarial, paridad política, sala cuna universal, reconocimiento a su trabajo por la familia y la sociedad y obligación estatal de ayudarlas.
La prensa chilena ha dado cuenta de descalificaciones y divisiones en todos los conglomerados y hay que añadir la baja aceptación, veintiséis por ciento, del presidente Gabriel Boric; quien ha debido cambiar varios ministros y tiene a otros en la cuerda floja.
La corrupción de algunos funcionarios ha llevado a que la derecha alegue mal uso de dineros fiscales, para oponerse a gravar los capitales más ricos; impidiéndole cumplir con programas sociales prometidos.
Y entre muchas cosas más, se le censura el mal manejo de la seguridad y la crisis de las Isapres, que administran la cotización obligatoria de salud del siete por ciento del salario, ante las deficiencias del sistema de salud estatal Fonasa y puede llevar al colapso de clínicas privadas.
Al momento de escribir este artículo solo un cuatro por ciento separaba la opción En Contra que propone la izquierda, con el A Favor que promueve la derecha.
Boric anunció su voto En Contra y dijo que si triunfa esta opción no impulsará un tercer proceso constitucional.
En Contra están también los partidos del Frente Amplio porque «es un proyecto neoliberal que no garantiza la solidaridad», así como los expresidentes Lagos y Bachelet.
A Favor, partidos y gente de derecha lidereados por el abogado José Antonio Kast del Partido Republicano, derrotado por Boric en los comicios de 2021.
Y los expresidentes Piñera y Eduardo Frei, quien con otras personalidades de centro izquierda disienten de la Democracia Cristiana «porque es la forma de tener finalmente una nueva Constitución».
Es curioso que hace apenas unos meses unos y otros declaraban en forma diferente, como recordó El Mercurio en una nota de este domingo 10, titulada Volteretas de carnero.
Los que hoy están a favor, sostenían que una nueva constitución era «totalmente innecesaria», mientras que quienes están en contra decían que «es absolutamente indispensable».
En fin, las cosas andan tan revueltas y el narco tan agresivo, que diecinueve mil carabineros protegerán votantes, votos y zonas críticas.
