Ileana Alamilla[1]
Estamos en un escenario de agrias discusiones, insultos, descalificaciones e intimidaciones de todo tipo. Movilizaciones anunciadas, manifestaciones, plantones, amenazas de bombas, entre otras cosas. Lo que menos hay es un debate respetuoso y desprejuiciado. La izquierda lanza improperios contra quienes osan cuestionar algo que ellos sostienen, se les acusa de cooptados o traidores.
La derecha, como siempre, unida y en defensa de sus posturas e intereses, también insulta, descalifica y acusa. Su estrategia es la usual, cerrar filas, mandar y exigir.
El sistema de justicia es acosado por unos y por otros, y por demandas internacionales que le requieren resolver de cierta manera. Difícil postura para un juzgador abstraerse de tales presiones y actuar de forma imparcial, como corresponde, solo en obediencia a las leyes, su conciencia y su leal saber y entender. Salir airoso de este proceso en donde ya hay una sentencia condenatoria a uno de los encausados y absolutoria al otro, será cosa de sabios. Hay mucho en juego, además de su prestigio y credibilidad. Se ganarán la gloria o el descrédito, según esos ojos nacionales e internacionales que los adjetivarán como héroes o traidores. Las víctimas esperan justicia, paz y vida digna.
El Ministerio Público, los querellantes y los defensores han sido acremente criticados por los grupos arriba mencionados y entre ellos mismos. Las juezas que han tenido que ver con el proceso también fueron elogiadas o abucheadas. Los tribunales de Segunda Instancia y la Corte de Constitucionalidad esperan su turno para recibir palmas o tomatazos.
Y así iba el asunto hasta que el momento en que el abogado Héctor Reyes, de CALDH, en la audiencia de reparación para las víctimas del delito de genocidio contra la etnia ixil, según sentencia dictada contra Ríos Montt, entre sus 30 peticiones incluyó una absolutamente absurda, improcedente y descabellada.
Pretendían que la jueza ordenara que el “Poder Ejecutivo promueva al Congreso de la República la emisión de un decreto legislativo que sancione penalmente toda expresión que niegue el genocidio en Guatemala. Así como aquellas expresiones o manifestaciones de contenido racial y discriminatorio según las recomendaciones y observaciones emitidas por organismos internacionales de los cuales Guatemala forma parte”, según citó este periódico en su edición del pasado jueves.
Esta pretensión es una flagrante violación a un derecho humano elemental, reconocido por la mayoría de legislaciones en el mundo, consagrado en la Declaración Universal, en Convenciones Internacionales, invocado por los y las defensoras de derechos humanos y es una de las libertades fundamentales. Esta aberración no puede ser más que producto del momento de euforia e irreflexión de quienes la propusieron ante el triunfo obtenido en esta primera instancia.
Es irónico que nos estemos retrotrayendo a la época del conflicto armado en donde hablar le costó la vida a miles de personas, donde el disenso fue penado con la muerte o la desaparición forzada y ahora se pretenda criminalizarlo. En defensa de la libertad de expresión hay que estar dispuesto a cualquier señalamiento, riesgo o peligro, segregación o exclusión. Así lo hemos valorado siempre y hemos asumido los costos. Cualquier precio es poco, pues como dijo Rosa Luxemburg: “La libertad es siempre y exclusivamente libertad para quien piensa de otro modo”… y la asesinaron por su consecuencia.
Menos mal que la jueza Barrios no aceptó promover esa censura.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, fallecida en enero de 2018.
