Cuando se conoció, el mes pasado, un estudio de la ONU que ubicó a Guatemala como uno de los cinco países más violentos del mundo tomando datos del 2012, con una tasa de 39.9 muertes por cada cien mil habitantes, el ministro de Gobernación refutó la información y aseguró que la violencia se redujo en el 2013 a 34 muertes por cada cien mil habitantes.
Posteriormente, el Latin Business Chronicle reveló que Venezuela, Honduras y Guatemala son los países más violentos de Latinoamérica, región en la que se registra el 30% de los asesinatos a escala mundial, pese a que solo cuenta con el 9% del total de la población, mientras que la página Numbeo, que recopila datos de usuarios de todo el mundo, sitúa en segundo lugar a Guatemala, con un 90.35 % de criminalidad, mientras que In Sight Crime dice que las organizaciones criminales de Guatemala son las más poderosas y sofisticadas en la región.
Es aquí donde vivimos y donde los periodistas ejercemos una de las profesiones más apasionantes y riesgosas. Ante los peligros que implica estar en condiciones de inseguridad extrema, rodeados de criminales y con otros actores que violentan derechos, es válido recordar que la obligación de prevenir es del Estado a través de las instituciones correspondientes.
Sin embargo, la debilidad institucional es patética y la dimensión del crimen organizado y de la narcoactividad presentes en el país es colosal, supera por mucho la capacidad de las autoridades que, en algunas ocasiones, está coludida o cooptada por criminales, como han dado a conocer reportes de medios de comunicación.
Resulta irónico y absurdo que desde entidades públicas se cometan hechos que violan el derecho de libertad de expresión y libertad de prensa, como ha ocurrido en este primer cuatrimestre del año en el ámbito periodístico. Fueron las autoridades las más señaladas de agredir a los miembros de la prensa, seguidos por pobladores y fuerzas de seguridad.
El Estado también tiene la obligación de proteger a los periodistas, una demanda reiterada del gremio. Los asesinatos, los ataques con armas de fuego, las amenazas de muerte, las intimidaciones, la censura y la autocensura requieren de respuestas urgentes y eficaces.
El tema de la seguridad de los periodistas ha sido abanderado por la Unesco. La adopción del Plan de Acción de Naciones Unidas y la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad fue un mensaje alentador que debe ser honrado.
El Plan establece que la obligación de prevenir no se circunscribe a tomar medidas después de ocurridos los hechos, se necesitan acciones que salgan al paso a la violencia que rodea el ejercicio periodístico.
Proteger significa entonces la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y acciones prontas y efectivas para evitar daños. Las autoridades deben promover con ejemplos y acciones el respeto al derecho de libertad de expresión y de prensa que es lo que ordena la Constitución.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH instó a los Estados a garantizar que las investigaciones de las muertes y agresiones contra los periodistas sean imparciales y efectivas, y que se garantice justicia en todos los casos. La obligación de investigar, juzgar y sancionar penalmente implica que el Ministerio Público responda a sus obligaciones de auxiliar de la administración pública y de los tribunales, para lo cual debe fortalecer con recursos a la Unidad de Delitos contra Periodistas.
La impunidad es un aliciente para los violadores de la libertad de prensa.
