El pasado mes de febrero informábamos de la crisis alimentaria en la Montaña de Guerrero, una zona del Estado mexicano del mismo nombre que sufrió grandes pérdidas como consecuencia de la tormenta Manuel y del huracán Ingrid, que asoló varias zonas del país a finales del pasado verano.
Hoy, varios meses después, la situación no parece haber cambiado. Lo ha comprobado un grupo de personas, acompañadas por Raúl Vera, obispo de Saltilo y presidente de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, junto a representantes de la ONG francesa “Francia América Latina”, quienes han pasado varios dias recorriendo el Estado y hablando con su gente.
Entre los integrantes de esta “misión de observación”, como lo han denominado, figura tambíen Amalia Rivera de la Cabada, secretaria general de SITRAJOR (Sindicato Independiente del periodico La Jornada); Ericka Zamora Pardo y Magdalena López, de RSDCIAC (Red Solidaria Década Contra la Impunidad); y José Rosario Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). Estos últimos han sido los encargados de informar de los resultados de su observación.
Iguala, Chimpancingo y Ayutla de los Libres son tres de las localidades visitadas. En Iguala fueron recibidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, cuyos integrantes llevan seis años en huelga esperando conseguir mejoras salariales y condiciones de trabajo dignas. En Chimpancingo, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) llamó la atención sobre el manejo errático y discrecional de las acciones realizadas por las autoridades tras las tormentas que afectaron a la entidad el pasado año. Exigieron que la atención gubernamental alcance efectivamente a las comunidades afectadas.
En cuanto a Ayutla, allí, los policías comunitarios (civiles que ejercen como guardias locales, que nacieron en 1995 como consecuencia de la ineficacia y la corrupción del sistema de seguridad publica del Estado ), de la Casa de Justicia de El Paraíso (comunidad indígena mixteca) les informaron de que el 21 de agosto del año pasado, integrantes de la Marina y del Ejército Mexicano entraron en la Casa y se llevaron a las personas que, tras haber sido detenidas por la policía comunitaria se encontraban en proceso de “reeducación” (evitar que sigan colaborando con grupos delictivos). También detuvieron a los comunitarios que se hallaban en el mismo lugar, a quienes acusaron de secuestro.
A pesar de que Peña Nieto aceptó la “colaboracion” de los autodefensas de Michoacán, y de haber legalizado a la policía comunitaria de Guerrero, los enfrentamientos con militares, ejército o policía han sido habituales. Incluso, los cuerpos oficiales han vertido acusaciones de estar relacionados con las propias bandas de narcos, o de haber cometido asesinatos. En agosto del año pasado detuvieron a 30. Pero el caso más significativo es el de Hipólito Mora, líder de la autodefensa de La Ruana, Michoacán, quien fue encarcelado a primeros del pasado mes de marzo por su pesunta responsabilidad ( que no participación) en la muerte de dos personas,
La policía comunitaria guerrense se estableció como un sistema de seguridad propio, donde cada comunidad elige a un grupo, coordinados a nivel regional por el Comité Ejecutivo de la PC. Actualmente, son más de 700 los policías de este tipo que prestan servicio gratuitamente, protegiendo a una población de alrededor de 300.000 habitantes. Según afirman las autoridades ministeriales de la zona, desde su institución el índice delictivo en la región ha disminuido del 95%.
Matanza de El Charco
En la localidad de Ayutla se encuentran los sobrevivientes de la masacre de El Charco, y las viudas de los fallecidos, quienes llevan nada menos que 16 años esperando justicia. Sucedió en la Escuela Primaria “Caritino Maldonado Pérez” el 7 de junio de 1998, y puede considerarse como un crimen de lesa humanidad, un acto doloroso de política de exterminio a las comunidades indígenas en extrema pobreza, según lo califican desde RSDCIAC. Precisamente Ericka Zamora es una de las personas que lo pueden contar con pelos y señales, puesto que estaba presente cuando sus vecinos cayeron abatidos por las balas de los militares que rodearon la escuela. El resultado fue de 11 muertos, 21 detenidos y un número no determinado de heridos.
El Estado mexicano justificó esta masacre con el argumento de que efectivos del ejército mexicano realizaban un reconocimiento nocturno regular, al mando del coronel de infantería del Estado Mayor Jorge Alberto Guerra Tenorio, pero se encontraron con un grupo de guerrilleros, y entonces se desató un enfrentamiento.
Sin embargo, hay que aclarar que El Charco es una comunidad en extrema pobreza, sus habitantes son indígenas naasavi, una gran parte de esta población sólo habla mixteco y, en el año de 1998, una gran parte de las comunidades integraban la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), según cuenta Ericka. Los indígenas de las comunidades naasavi se habían reunido para tratar en una asamblea los temas de proyectos relacionados con la producción, la siembra de aguacate y café, el tema de la alfabetización, y de la autonomía de la zona mixteca.
Es decir, una vez más, una comunidad pobre intenta conseguir mejorar su situación, y se les machaca. Les puede pasar lo mismo a los chiapanecos que llevan varios días en actitud “rebelde” con las autoridades municipales de Tumbalá, Acala, Mezcalapa y Tuxtla, hasta el punto de haber agredido a uno de los alcaldes. ¿El motivo de los desórdenes? Exigen que se respeten los acuerdos firmados entre las autoridades municipales con esa comunidad y el cumplimiento de los compromisos de campaña. Este “malestar” se repite con demasiada frecuencia, pues las promesas en las campañas electorales les hacen concebir esperanzas y, una vez elegidos, los mandamases vueven a las andadas: olvidarse de los ciudadanos y llenarse los bolsillos.
Volviendo a Guerrero, hay que puntualizar que el caso de El Charco se presentó en su momento en la Comisión Internacional de Derechos Humanos y esperan que durante este año haya alguna resolución al respecto.
Recomendaciones
Tras este encuentro con personas y comunidades marcadas por los agravios cometidos por las diversas autoridades, la misión de observación constata el desdén gubernamental hacia los derechos humanos en el Estado de Guerrero. Este desdén, aseguran, se expresa particularmente en la persistencia de condiciones que obstaculizan el trabajo de activistas sociales, periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos.
Por ello, llaman a las autoridades “a ejercer con responsabilidad su función” y les exigen que muestren claramente su compromiso para garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas y comunidades.
A la vez, recomiendan al Estado mexicano que cesen en las políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos y comunitarios; que dejen de criminalizar a las policías comunitarias (su creación se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley 701 del Estado de Guerrero); que reconozcan los derechos de las comunidades indigenas, pero sin menoscabo alguno, a fin de que sean consideradas como un sujeto de derecho internacional en materia de derechos humanos.
También solicitan el cese de la criminalización contra los activistas sociales y de derechos humanos, exigiendo que se investiguen las agresiones, despariciones y asesinatos contra ellos, sancionando debidamente a sus responsables. No hay que olvidar que, una de las lacras de la sociedad mexicana es la impunidad, como consecuencia de la dejadez, la ineficacia y la corrupción de los investigadores y jueces.
Como ejemplo. En 2011 condenaron a 97.246 delincuentes de un total de 1.306.095, lo que supuso una tasa del 7,45%. Y el siguiente año se cometieron 27.700 asesinatos y sólo se esclarecieron y castigaron 523. Es decir, el 1,8% se resolvió y el 98,2% quedó impune.
Intervención de José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh
Inundaciones en Guerrero:
